Córdoba

La Audiencia pide al juez que resuelva sobre la fianza a CTA

Para personarse contra los exconcejales del PP Miguel Reina y Rafael Navas por distintas contrataciones supuestamente irregulares

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La Audiencia Provincial de Córdoba ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 6 de Córdoba que emita un auto en el que resuelva sobre la fianza a exigir al sindicato CTA para personarse contra los exconcejales del PP Miguel Reina y Rafael Navas por distintas contrataciones supuestamente irregulares, todo ello tras anular una providencia anterior que fijaba la fianza en 18.000 euros, "el importe aproximado de los contratos supuestamente prevaricados".

   Según recogen sendos autos de la Audiencia, a los que ha tenido acceso Europa Press, los magistrados estiman parcialmente el recurso planteado por CTA y piden al juez de primera instancia que resuelva "condicionando el ejercicio de la acusación popular respecto del sindicato a la acreditación por parte del secretario general, Francisco Moro, de la cualidad que alega".

   También, solicitan que resuelva en función "de los acuerdos de la entidad que representa que lo legitimen para el ejercicio de la acción penal en su nombre", de cara a la presentación de poder especial o ratificación y a la constitución, por la entidad, de la fianza que se establezca "en cualquiera de las formas admitidas en Derecho".

   Al respecto, el sindicato advirtió de que la fianza se consideraba "excesivamente gravosa", pues "se vería comprometida la capacidad económica del sindicato para la gestión de sus fines, pues supone en 25% de los recursos totales de la organización".

   En este sentido, el secretario general del sindicato CTA, Francisco Moro, declaró hace unos días que la intención es personarse al menos en el procedimiento judicial abierto contra el exconcejal del PP Rafael Navas por la gestión de contratos del Alcázar de los Reyes Cristianos.

   Cabe recordar que ambos exediles están pendientes de declarar ante el juez, en calidad de investigado por la supuesta comisión de delitos de prevaricación administrativa, en el caso de Miguel Reina por varios contratos formalizados en el Instituto Municipal de Deportes de Córdoba (Imdeco).

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