La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH-A) ha denunciado ante el Comité contra la Tortura (CAT) de la Organización de Naciones Unidas (ONU) el caso de una ciudadana cordobesa que durante su detención en Córdoba por parte de agentes de la Policía Nacional en el año 2013 fue supuestamente víctima de malos tratos a manos de los policías.
Por este motivo, según ha informado APDH-A este martes, pide al citado organismo internacional "que recomiende a España una investigación exhaustiva de las circunstancias en las que se produjeron las lesiones para que se tomen las medidas adecuadas contra los responsables de estos actos".
Según el relato de APDH-A, en el transcurso de la detención de dicha ciudadana, "y sin identificación previa de los agentes, que iban de paisano, la mujer fue abofeteada, esposada, golpeada en la cabeza y la nariz y llevada a comisaría sufriendo durante la conducción frenazos violentos que le produjeron continuos golpes en la cara contra la mampara de plástico, mientras los agentes se reían".
Así figura en la denuncia, en la que la mujer indica que "no recibió en ningún momento en Comisaría la asistencia médica obligatoria, pese a haberla solicitado, ni asistencia letrada, ni se le informaron de sus derechos y, además, se le retiraron sus pertenencias, que no le fueron devueltas en ningún momento. Una vez puesta en libertad, con una fractura en la nariz, pidió una ambulancia, con su propio móvil en la puerta de las dependencias policiales".
Como consecuencia de las lesiones que, según la denuncia, sufrió la mujer, ésta "tuvo que ser operada con anestesia general, hecho que sumado a la experiencia traumática sufrida durante su detención, le produjo secuelas psicológicas".
Sin embargo, "los tribunales españoles consideraron superior la declaración de los policías nacionales y archivaron la denuncia, a pesar de que queda constatado y reconocido por el propio Estado que la ciudadana sufrió las lesiones durante la detención", hecho que, a juicio de APDH-A, "debió servir para condenar o al menos abrir juicio contra los denunciados e investigar debidamente el caso".
Según ha señalado APDH-A, "numerosos organismos internacionales han mostrado su preocupación sobre la tortura en España" y la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT), que integra a cerca de 50 colectivos, entre ellos el Consejo General de la Abogacía Española, "ha puesto de manifiesto en un informe que, al menos, 7.582 personas denunciaron torturas en España entre 2004 y 2014".
El Estado, según ha indicado APDH-A, "ha reconocido al Comité contra la Tortura que, entre el año 2009 y el 2012, se registraron a la apertura de procedimientos penales contra 4.211 funcionarios de los que únicamente 29 acabaron finalmente condenados. En cuanto a los expedientes disciplinarios y según la misma fuente, se incoaron durante dicho periodo un total de 442, de los que 28 se resolvieron con una sanción al agente implicado".
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