La Fiscalía pide penas que suman un total de seis años de prisión, 16 años de inhabilitación para empleo o cargo público y multa de 14.400 euros para el exalcalde de la Entidad Local Autónoma (ELA) de Encinarejo, que pertenece a Córdoba, Miguel Martínez Múrez (PA), acusado de un delito continuado de fraude, otro de falsedad en documento público y un delito de prevaricación administrativa en la contratación de obras. El juicio se celebra este jueves en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba.
Además, el Ministerio Público ha solicitado penas de tres años de prisión, así como inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas y contratar con organismos públicos y gozar de beneficios o incentivos fiscales, para sendos representantes de empresas, procesados en este caso por la supuesta comisión de delitos de falsedad en documento público y fraude.
Según recoge la calificación fiscal, a la que ha tenido acceso Europa Press, en febrero del año 2000 el exalcalde solicitó una subvención para la construcción de una obra municipal, cuya ejecución había sido adjudicada a una entidad de la que era representante legal uno de los acusados.
Al objeto de justificar la necesidad de la subvención descrita, Múrez aportó con la solicitud de petición de la subvención una factura expedida por la entidad por importe de 60.418,23 euros, en la que se incluyeron distintos conceptos, cuya relación supuestamente era "ficticia y nunca llegó a dispendiarse por parte de la entidad adjudicataria".
Mientras, la elaboración de dicha factura, que fue aprobada por resolución dictada por el exregidor, fue emitida y confeccionada "de común acuerdo" entre los dos procesados, y "solo tuvo por objeto justificar la subvención aludida que fue concedida por la Delegación en Córdoba de la Consejería de Turismo y Deportes de la Junta de Andalucía en el mes de mayo del mismo año, por un importe de 41.481,86 euros". Una cantidad que supuestamente fue obtenida "de forma fraudulenta y que fue ingresada en las arcas de la entidad local citada".
Con posterioridad, la empresa en cuestión cesó en la ejecución de la obra, de manera que fue adjudicada a otra entidad, representada por el tercer acusado en este caso. Así, con fecha 2 de febrero de 2004, por parte de dicha entidad, se expide la primera certificación de obra por un importe de 51.302,79 euros.
SUSTITUCIÓN "FICTICIA"
Al respecto, el exalcalde "de común acuerdo" con este último acusado deciden sustituir "ficticiamente" los conceptos a los que dicha certificación se referían y manifestar que el abono de 43.179,76 euros que habían de abonarse a cuenta de dicha certificación, y que fueron percibidos por la entidad citada en septiembre del mismo año, "lo eran para su aplicación en otra obra municipal diferente".
De este modo, supuestamente el fin era "justificar una nueva subvención", que en base a la factura así "alterada", que fue aprobada por resolución dictada por Múrez en septiembre de 2004 y presentada ante el órgano pertinente, "fue también indebidamente obtenida", con un importe de 26.057,51 euros, divididos en dos partidas de 19.543,13 y 6.514,37 euros, que fueron entregados por el mismo órgano autonómico que concedió la primera de las subvenciones referidas.
Además, dicha cantidad fue igualmente ingresada en las arcas de la entidad local en junio y diciembre de 2004, respectivamente, según señala el fiscal, que detalla que se da la circunstancia de que la segunda de las obras a las que se hace mención "ya había sido ejecutada con anterioridad por trabajadores del PER".
Aparte de ello, se ha determinado pericialmente, que las facturas presentadas al cobro por la segunda entidad, relacionadas con la construcción de la primera obra, "no coinciden con el concepto de éstas ni con el total presupuestado, por lo que no se corresponden con la realidad", advierte el fiscal.
Por otra parte, detalla que en la segunda adjudicación de la obra "no se aportaron al expediente administrativo correspondiente los preceptivos informes técnicos y jurídicos, ni se constituyó mesa alguna de contratación, se realizó sin publicidad, por un presupuesto inicial de 126.212,54 euros, muy superior al correspondiente al de la primera adjudicación, hasta el punto que duplica la primera inversión aprobada de 59.259,79 euros", según ha precisado el Ministerio Público.
DOCUMENTACIÓN "TORTICERA"
En este sentido, destaca que la adjudicación citada se realiza, según informe pericial, "con inobservancia de las elementales normas del procedimiento reglamentario de contratación, con ausencia de expediente de contratación, en contra de lo dispuesto en la Ley de Contratos de Administraciones Públicas y del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas", todo ello "con el exclusivo fin de beneficiar directamente a la segunda entidad adjudicataria, y conseguir se aviniera a expedir la documentación torticera a la que antes se aludió".
Asimismo, el fiscal apunta que no ha quedado acreditado hasta el momento que el oficial mayor en funciones entonces de secretaría e intervención, haya tenido intervención directa en las operaciones "falsarias y fraudulentas" mencionadas.
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