Los delegados sindicales de CTA y UGT en Laboratorios Pérez Giménez, Pilar Relaño y José Ruiz, han coincidido este jueves en criticar el "despropósito jurídico" que supone el hecho de que, tras la última decisión del Juzgado de lo Mercantil número uno de Córdoba, a propuesta de la Administración Concursal de la empresa, haya 40 trabajadores de esta farmacéutica en concurso de acreedores que no puedan cobrar la prestación por desempleo como el resto de la plantilla.
En rueda de prensa a las puertas del Ayuntamiento de Córdoba, ambos sindicalistas se han referido de esta forma a como el Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) aprobado para 111 trabajadores de los laboratorios deja fuera del mismo a "40 trabajadores que están dados de alta, pero sin que les den trabajo efectivo y sin cobrar".
El problema radica en que son empleados de "una empresa que lleva tres años en concurso de acreedores" y la mayoría de estos trabajadores "llevan 27 nóminas sin cobrar", y por eso los sindicatos reclaman que los trabajadores no incluidos en el ERTE "vayan al desempleo temporal", para que así "puedan cobrar algo", mientras que la empresa es nuevamente subastada y vendida, para su reflotamiento con, al menos, parte de la plantilla.
Por eso, para los sindicatos es "un despropósito jurídico el hecho de que no se dé auxilio judicial a los trabajadores, adoptando las medidas oportunas para que puedan percibir el desempleo contributivo", pero es que, además, "la actuación de la Administración Concursal es otro despropósito".
Esta afirmación la han justificado los representantes sindicales en el hecho de que los cinco administradores concursales "no extienden los certificados para cobrar el desempleo en tiempo y forma, aprobaron un ERTE sin poner fecha de terminación y llevan tres años con un concurso", y ahora, "en un gesto de arrogancia y prepotencia, se niegan a reunirse con los trabajadores y con los miembros del comité de empresa".
En este sentido, CTA entiende que "con la forma en la que se están haciendo las cosas se están poniendo las mimbres para liquidar" los laboratorios y para que "los trabajadores no cobren lo que se les debe", a lo que hay que sumar que "la legislación española deja en la más absoluta impunidad a los responsables de este tipo de quiebras en empresas que son rentables, como lo demuestra la sentencia de la Audiencia Provincial de Córdoba, mediante la que se levanta el embargo cautelar a los tres equipos de administradores anteriores".
Por otro lado, UGT y CTA han reiterado su petición al Juzgado de lo Mercantil de que "se utilice para pagar las nóminas atrasadas" el millón de euros de la fianza de Globalaeronautic, sociedad a la que se adjudicó la empresa en subasta, pero a la que se le ha retirado al no aportar los diez millones restantes de la compra.
Como consecuencia de ello, precisamente, se abre ahora un nuevo proceso de subasta, con unos plazos que los sindicatos consideran que "son dilatados y que meten en una nueva agonía laboral a la plantilla, cuando entendemos que el proceso de venta no se puede haber hecho peor" y, de hecho, "se ha convertido en un peliculón inaudito".
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