El presidente de la Empresa Nacional de Residuos (Enresa), Francisco Gil Ortega, ha anunciado que el almacén de residuos radiactivos de baja y media capacidad de El Cabril (Córdoba) duplicará su capacidad actual.
Durante un desayuno informativo, Gil Ortega ha dicho que Enresa ya ha iniciado los trámites con el Ayuntamiento de Hornachuelos para solicitar los permisos para construir otras 28 celdas, es decir otras tantas como las actuales, que están ocupadas al 70 por ciento de su capacidad.
El Cabril, según ha añadido, asume el 80 por ciento del desmantelamiento de las centrales y otras actividades, para lo que dispone de una capacidad de 50.000 metros cúbicos, de los que ya están ocupados 30.000. Así, ha precisado que las 28 celdas de residuos de media actividad son las que se duplicarán y que el espacio para los residuos de baja actividad, que alberga la celda 29, también serán ampliados próximamente, ya que se ha iniciado la celda 30.
Respecto al futuro almacén temporal centralizado (ATC) de residuos radiactivos de alta actividad, Gil Ortega ha defendido la idoneidad de los terrenos elegidos en el municipio conquense de Villar de Cañas y de los beneficios sociales y económicos que supondrá para el entorno. De hecho, ha apuntado que Villar de Cañas ha crecido en 2013 un 15 por ciento, que aventura la nueva etapa que está por llegar, una vez que el ATC comience su construcción.
Así, ha dicho que el emplazamiento, de 54 hectáreas, se ha empezado a vallar este mismo lunes, con el objetivo de cumplir plazos y que los primeros residuos nucleares puedan empezar a almacenarse para los próximos 60 años a principios de 2018. "Contar con un ATC es imprescindible y urgente si se quiere hacer sitio para que las centrales nucleares actuales sigan funcionando", ha apostillado.
TRANSPARENCIA VS ACEPTACIÓN SOCIAL
En este contexto, ha manifestado que la ubicación ha dependido de la decisión del Gobierno de España y ha manifestado que la instalación debe hacerse con el mayor consenso y transparencia, así como con una política de puertas abiertas, como ocurre en El Cabril, donde los cordobeses han podido comprobar que la radiactividad ambiental actual es "idéntica" a la que había antes de construir el almacén.
Por ello, cree que el rechazo inicial que ha ocasionado el ATC, "se volverá colaboración social si las cosas se hacen con puertas abiertas y transparencia".
Sobre los residuos nucleares, ha recordado que España cuenta con centrales nucleares cuya vida actual media es de 40 años aunque "las autoridades están pensando en ampliar a 50 o 60 años", del mismo modo que en Estados Unidos ya hablan de llegar a 70 u 80 años de actividad, tal y como apuntó hace unos meses el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria.
Gil Ortega considera que puesto que los residuos radiactivos son "una realidad" es preciso tratarlos de una forma "segura y eficaz" y ha recordado que el ATC no es cementerio, porque no es definitivo, sino un almacén casi en superficie que tendrá una altura de 25 metros más una chimenea de unos 23 metros por la que saldrá aire y en el que se guardarán los residuos y el combustible de las plantas atómicas españolas durante al menos los próximos 60 años.
En todo caso, ha insistido en la "necesidad" de un ATC porque las piscinas de combustible de las centrales se van llenando y porque tienen que regresar los residuos de Vandellós I, que están en Francia.
A continuación, los residuos deberán trasladarse a un almacén geológico profundo y ha adelantado que durante 10 años Enresa ha realizado sus propios trabajos de investigación para conocer distintos emplazamientos posibles en el territorio y que no ha querido desvelar antes de dárselos a conocer al Gobierno cuando éste se lo solicite. En todo caso, considera que será una decisión de Estado que habrá que tomar en los próximos 50 años o 60 años.
VANDELLÓS I Y GAROÑA
Por otro lado, sobre los residuos de la central nuclear de Vandellós I (Tarragona), alojados en la actualidad en Francia, ha dicho que tendrán que volver a España a mediados de 2017, para lo que junto al futuro ATC, se ha buscado una solución de cara a ese medio año de antelación al inicio de su funcionamiento.
Concretamente, ha explicado que las 1.000 toneladas de residuos de Vandellós I que se enviaron a reprocesar a Francia, una operación que ha tenido un coste de 600 euros, debían haber regresado en 2011 y, por ello, Francia ha puesto una especie de multa de 65.000 euros a España por cada día de demora. Entonces, según ha añadido, se debían traer 14 metros cúbicos de residuos de alta actividad y 670 metros cúbicos de baja y media actividad en 90 transportes por carretera.
Sin embargo, en 2012, recién llegado a la presidencia de ENRESA, se aprobó un proyecto para reducir este volumen, por un importe de 194 millones de euros. De este modo, se devolverán a España 14 metros cúbicos de residuos de alta actividad y 37 metros cúbicos de media y baja actividad en dos o tres transportes por carretera. "Dejarlos allí este tiempo tal cual estaban costaba 200 millones de euros y con esta operación ya no estamos pagando los 65.000 euros diarios", ha justificado.
Gil Ortega ha resumido que, en total los residuos de Vandellós habrán costado a España 800 millones de euros, que "es más de lo que cuesta construir el ATC". Sobre el traslado, ha dicho que Francia los llevará hasta la frontera y desde ahí llegarán al ATC por carretera. Son tres transportes en contenedores seguros y ha defendido la experiencia de Enresa en esta operación.
Además, ha manifestado que ante el actual estado de "indefinición" de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) Enresa cuenta con un plan de contingencia, tanto por si la central vuelve a operar, como "parece" que es voluntad del Gobierno, como si la planta no retoma la generación de electricidad. De este modo, tiene previsto comprar contenedores para el combustible de esta planta. "Tenemos incertidumbre sobre qué va a pasar", ha apuntado, al tiempo que ha agregado que, en caso de desmantelamiento, este no comenzaría hasta dentro de tres o cuatro años.
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