La oficina del Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda en Córdoba ha evitado ya 136 desahucios en los primeros seis meses de funcionamiento, una cifra que, en opinión de la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, "avala las herramientas que desde la Consejería se están poniendo en marcha para garantizar que las familias permanezcan en sus casas y no sigan siendo las víctimas de una situación que no han generado ellas".
En declaraciones a los periodistas, Cortés ha recordado que desde el Gobierno andaluz se ha dado "un paso más" con la aprobación del decreto para la función social de la vivienda, "con el que devolvemos a los inmuebles su valor como derecho y no como mercancía y nos convertimos en garantes del cumplimiento de los derechos de las familias".
Al respecto, "desde hace un año, cuando comenzamos nuestra andadura en este gobierno de coalición, la Consejería de Fomento y Vivienda ha dado continuamente pasos para luchar contra esta lacra social que afecta a los más débiles", ha asegurado la consejera, que ha recordado, entre otras medidas, la paralización de los desahucios en el parque público de viviendas para familias con empobrecimiento sobrevenido, con personas a su cargo y en riesgo de exclusión social; la firma de la Iniciativa Legislativa Popular que exige la modificación de la ley hipotecaria y la puesta en marcha del Programa Andaluz de Defensa de la Vivienda, con la apertura de las oficinas de intervención en cada provincia.
"Ahora vamos más allá y con el decreto reforzamos las funciones de estos puntos de atención al ciudadano", ha afirmado la consejera Elena Cortés, quien ha garantizado que su departamento va a seguir trabajando "para que ninguna familia se quede sin casa" y por ello ha felicitado a los alcaldes de los municipios cordobeses de Belalcázar, Villanueva del Duque, Rute, Lucena, Benamejí y Palenciana por su adhesión al Programa Andaluz de Defensa de la Vivienda, "lo que aumenta este frente político común que estamos generando para aunar esfuerzos y que ya cuenta con el apoyo de 117 ayuntamientos andaluces", así como con el respaldo de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y de la Diputación de Huelva.
Desde la apertura de la oficina de intermediación en Córdoba, en octubre de 2012, se han evitado 136 desahucios en la provincia, de los cuales 80 se han resuelto de forma positiva y 56 están en trámite, lo que significa que las familias siguen en sus viviendas mientras se tramita su petición para evitar el desahucio.
"El objetivo fundamental es que las personas no pierdan su vivienda y lo estamos consiguiendo, lo que demuestra que la administración se pone del lado de los débiles", ha indicado Elena Cortés, que animado a las familias a "perder la vergüenza", a acudir a las oficinas y acogerse a las medidas contempladas en el decreto, "porque son las víctimas, no los culpables y seguiremos demostrando que es así".
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