La Junta de Andalucía atendió en 2023 a través de su Servicio de Asistencia a Víctimas de Andalucía (SAVA) a 1.475 personas e instituciones en Córdoba, la mayoría mujeres, de entre 30 y 44 años, solteras y residentes fuera de la capital. Más del 48% de las personas usuarias, 710, eran mujeres víctimas de violencia de género.
Los SAVA, gestionados por la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, se ubican en las principales sedes judiciales de las capitales andaluzas, si bien desde la pasada legislatura cuentan con equipos itinerantes para acercar la atención a las víctimas del medio rural. "De hecho, en el último año son más las personas atendidas residentes en un municipio de la provincia que las procedentes de la capital cordobesa", ha destacado la delegada territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública, Raquel López.
Los SAVA cuentan con juristas, psicólogos y trabajadores sociales, todos ellos con formación en violencia de género. Su ámbito de aplicación se extiende a todas las víctimas de delito cometido en España o que pueda ser perseguido en España, con independencia de su nacionalidad, de si son mayores o menores de edad o de si disfrutan o no de residencia legal.
Más del 88% de los usuarios atendidos en Córdoba son mujeres (1.303). En 2023, recibieron asistencia por parte del SAVA 135 menores, también en este caso mayoritariamente niñas víctimas de delitos cometidos por otros menores o por conocidos.
Una misma persona recibe atención integral por lo que el número de actuaciones realizadas el año pasado fue de 13.617, en concreto 2.940 actuaciones del ámbito jurídico, 1.787 de tipo social, 2.184 psicológicas y 6.706 generales.
Aunque el SAVA atiende a víctimas de todo tipo de delitos, casi la mitad de los usuarios que han pasado por estos servicios han acudido o han sido derivados por delitos relacionados con la violencia de género y el 85,75% han denunciado.
López ha recordado que "desde hace un año existe un protocolo entre el SAVA y el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) para reforzar la coordinación y el intercambio de información entre los servicios de Justicia y del IAM. El objetivo es evitar la doble victimización de las mujeres que sufren violencia de género cuando tienen que repetir varias veces y ante distintas personas los hechos".
El protocolo crea una figura de referencia para la víctima, que hace de enlace entre el personal participante en su proceso, tanto si la denuncia llega a judicializarse como si no, de modo que se facilite el asesoramiento y orientación acerca del sistema judicial y de la red de recursos asistenciales especializados. En función de la urgencia y riesgo para las víctimas, se diseña un Plan de Asistencia Individualizada desde un punto de vista multidisciplinar y multisectorial.
Los delitos más habituales de las víctimas atendidas en el SAVA son los de lesiones (30%), contra la integridad moral (24,19%) y contra la libertad (25,21%). Más del 58% ha sufrido delitos continuados.
Si en el caso de las mujeres el victimario principal es la pareja o expareja, en los menores llama la atención que en un 23% de los casos atendidos este año la persona que ha cometido un delito contra ellos era otro menor y en otro 23% un conocido.
El SAVA también ha asistido a 54 mujeres con discapacidad, un 42% mayores de 45 años y un 27,78% de entre 18 y 29 años. En el 25% de los casos el victimario era un hijo suyo.
Aunque la mayoría de las personas atendidas son andaluzas, en 2023 han pasado por los equipos del SAVA de Córdoba 98 inmigrantes, principalmente procedentes de Colombia (22,45%).
