Tras las declaraciones en la última semana de todos los investigados por la muerte de dos militares en la base de Cerro Muriano (Córdoba) en diciembre del pasado año en unas maniobras, la instrucción del caso, que compete al Tribunal Togado Militar Central número 2 de Madrid, continuará con nuevas pruebas que pedirán las acusaciones personadas en la causa.
El abogado Luis Romero, que ejerce la acusación particular en nombre de la familia del soldado fallecido Carlos León, ha explicado a EFE que tras las declaraciones de los investigados "la instrucción sigue", ya que todas las partes implicadas en la investigación, tanto Fiscalía como las acusaciones particulares pueden "pedir que se practiquen más pruebas".
En su caso, Romero ha concretado que solicitarán más "pruebas documentales, testificales y periciales", e incluso pedirán la "imputación" de otro general de la base militar de Cerro Muriano.
Además, ha señalado que incidirán en "otro tipo de pruebas" una vez escuchadas todas las declaraciones cuyas grabaciones deberán analizar "con tiempo y detenimiento" durante los próximas semanas.
Dudas en la seguridad y el protocolo
Por el momento, en las declaraciones de los últimos días ante el juez militar que investiga el suceso, tanto las de los testigos -soldados, peritos e investigadores-, como de las de los mandos investigados -dos sargentos, un capitán, un teniente, dos coroneles, un teniente corone y un comandante-, se ha puesto en duda la seguridad de las maniobras y el protocolo que se llevó a cabo.
Las declaraciones se iniciaron el pasado martes con tres testigos, que dieron paso a un teniente y el capitán responsable directo de los ejercicios en los que fallecieron ahogados los dos militares, maniobras que consistían en el cruce de un lago y que se realizaron a temperaturas muy bajas.
En su declaración, el capitán que fue el máximo responsable de la maniobras aseguraba que el fallecimiento de los dos militares fue "fruto de la casualidad", que eran los soldados que participaban en los ejercicios "los propios responsables de lo que estaba ocurriendo" y que se había "supervisado todo".
Posteriormente, el pasado miércoles declararon cuatro altos mandos aforados, concretamente dos coroneles, un teniente coronel y un comandante, que formaban parte de la cadena de mando de la Brigada Guzmán el Bueno X, con base en Cerro Muriano y que ejercían responsabilidades en la base cordobesa cuando se aprobó y se puso en marcha el Programa Básico de Instrucción sobre el que se basaron las maniobras mortales.
La declaración más llamativa fue la del coronel que reconoció que no le pareció "normal" ese ejercicio del curso, que no era "habitual, ni estaba estandarizado ni era rutinario", y que no le pareció "que se tuviese que desarrollar así, que le parecía que entrañaba peligro, que desde luego tenía que tener sus medidas de seguridad".
Además, este lunes ha concluido la fase de declaraciones con el testimonio del sargento que colocó la cuerda que debía garantizar la seguridad de los soldados que tenían que cruzar el lago en el que murieron dos de ellos, quien ha señalado que avisó a sus superiores de que la misma estaba ubicada en una zona donde el agua les cubriría por completo.
Sin instrucciones concretas y bajas temperaturas
Por otro lado, durante toda la fase de instrucción ante el juez militar de Madrid, tanto militares que participaron en las maniobras, como peritos e investigadores de la Guardia Civil constaron que los ejercicios se realizaron con escasas medidas de seguridad.
En concreto, un informe de los Grupos de Especialistas de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil (GEAS), elaborado tras la inspección del lago de la base de Cerro Muriano, ha puesto de manifiesto que las medidas de seguridad de las maniobras mortales no eran suficientes.
Además, el informe apunta que las maniobras acuáticas en las que fallecieron los dos militares "carecía de las necesarias medidas de seguridad", principalmente en cuanto a la falta de ambulancia, personal sanitario y la "cuerda" que supuestamente servía de "línea de vida".
Por otro lado, los testigos que han declarado ante el juez instructor, tanto militares como peritos, han señalado que solo había "instrucciones generales en relación con las maniobras", pero "no concretas" sobre el cruce del lago, que se hizo en un día con bajas temperaturas.
En un principio, los investigados podrían haber incurrido en un delito contra la eficacia del servicio, que se produce cuando el militar incumple sus deberes fundamentales causando "grave daño en los medios o recursos de las Fuerzas Armadas o en las personas, o riesgo para el servicio o para la seguridad de una fuerza, unidad o establecimiento de las Fuerzas Armadas".
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