La senadora del PSOE por Córdoba Ángeles Luna ha valorado este miércoles la importancia de la nueva Estrategia de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027 puesta en marcha por el Gobierno de España, "fruto del dialogo social y con unos objetivos claramente definidos para combatir la siniestralidad laboral".
Además, según ha informado el PSOE en una nota, Luna ha destacado que dicha estrategia "está vinculada a otros planes, como los de salud mental, cáncer laboral, seguridad vial, cambio climático, igualdad entre hombres y mujeres u objetivos de desarrollo sostenible, que hacen de esta iniciativa una herramienta transversal en la prevención de los riesgos laborales".
Luna, que formuló una pregunta al Ministerio de Trabajo y Economía Social sobre los accidentes laborales y las actuaciones de la Inspección de Trabajo en la provincia de Córdoba, junto a los senadores socialistas María Jesús Serrano y Alfonso Muñoz Cuenca, ha informado de que en Córdoba se produjeron en el mes de enero 828 accidentes laborales, de los que cinco fueron con resultado de muerte.
Para Luna, son "unas cifras muy preocupantes, teniendo en cuenta que la mayoría de las causas de la siniestralidad se pueden atajar, como la precariedad laboral, los riesgos psicosociales de trabajadores que no se valoran o la falta de recursos puestos a disposición por las empresas", por lo que "se hace necesario poner en marcha inmediatamente las medidas de la Estrategia para cumplir con los seis objetivos que establece".
La senadora socialista ha señalado que el primer objetivo es mejorar la prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, con especial énfasis en el cáncer de origen, para lo que se deben "intensificar las actuaciones de vigilancia y control en el cumplimiento de la normativa en vigor y concienciar a las empresas y trabajadores de los riesgos laborales y las medidas preventivas".
El segundo objetivo de la Estrategia es gestionar los cambios derivados de las nuevas formas de organización del trabajo con la incorporación de la robotización y la digitalización, la evolución demográfica y el cambio climático, adaptando la normativa a la evolución del modelo productivo emergente, con especial atención, a la mayor prevalencia de los riesgos ergonómicos y psicosociales, sobre todo la atención de la salud mental.
El tercer objetivo es "mejorar la gestión de la seguridad y salud en la pequeñas y medianas empresas, apostando por la integración y la formación y capacitación en prevención de riesgos laborales".
Otros objetivos son "reforzar la protección de las personas trabajadoras en situación de mayor vulnerabilidad, sobre todo a autónomos, jóvenes, personal sanitario, socio sanitario y del sector asistencial, empleadas de hogar, personas con discapacidad o aquéllas que retornen al mercado laboral tras una largo período de baja".
También busca introducir una "perspectiva de género en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo, con protocolos de prevención y abordaje del acoso sexual y por razón del sexo", y fortalecer el Sistema Nacional de Seguridad y Salud, "para afrontar con éxito futuras crisis y establecer mecanismos de coordinación institucional y con los agentes sociales reforzando su papel y potenciando la negociación colectiva".
Finalmente, la senadora socialista ha reconocido el trabajo que realiza la Inspección de Trabajo en Córdoba y la incidencia que tiene en la prevención de riesgos laborales, tarea que ha cifrado en 8.480 actuaciones inspectoras en prevención de riesgos laborales en el ejercicio 2021, de las que el número de infracciones sancionadas fue de 184 y la cuantía de las mismas rozó el medio millón de euros.
Además, la senadora ha resaltado la ejecución durante el año 2022 del Plan de Choque contra los Accidentes Mortales en el Trabajo del Ministerio de Trabajo y Economía Social, a través del cual se persigue, como objetivos prioritarios, la consecución de un mayor impacto posible en la siniestralidad laboral mortal, reduciendo específicamente los índices de incidencia de esta tipología de accidente y disminuyendo la gravedad de los daños producidos en la salud de las personas trabajadoras.
Para Luna, "es imprescindible que el Gobierno de la Junta de Andalucía vele por el cumplimiento de la normativa en prevención, realice los seguimientos oportunos, así como el asesoramiento y la promoción de la misma; en definitiva que arrime el hombro para coordinar las medidas necesarias en la prevención de accidentes y enfermedades profesionales desde la lealtad institucional y en beneficio de las empresas y de los y las trabajadoras andaluzas".
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