El Ayuntamiento de Córdoba expropiará Caballerizas Reales al Ministerio de Defensa esta semana con la firma del acta de ocupación, que pondrá fin al proceso de expropiación forzosa pactado entre ambas instituciones, con lo que la Corporación tomará posesión formal del inmueble histórico antes de que acabe el año.
Fuentes del gobierno municipal han informado a Efe de que las previsiones municipales fijan la firma para el miércoles o jueves próximos, una vez finalizado el procedimiento administrativo.
De esta manera se cumplirán las previsiones ya anunciadas a Efe por el alcalde de Córdoba, José María Bellido (PP), que quería evitar "por lealtad institucional" que el proceso de la expropiación se alargarse al próximo año, lo que implicaría el devengo de la anualidad completa del Impuesto de Bienes Inmuebles que debe abonar el Ministerio de Defensa al Ayuntamiento.
Una alegación presentada a última hora provocó el pasado 17 de diciembre la suspensión del Consejo de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba convocado para la aprobación definitiva del expediente de expropiación, en el que la institución municipal y Defensa han acordado asumir el justiprecio que realice la Comisión Provincial de Valoración de la Junta de Andalucía sobre el inmueble, creado por decisión de Felipe II en 1572 para ser una de las cunas del caballo de Pura Raza Española.
Desde la firma del acta de ocupación el Ayuntamiento de Córdoba tomará posesión formalmente del edificio, declarado Monumento Histórico Nacional en 1929 y que forma parte del conjunto declarado Patrimonio Mundial por la Unesco en 1994, que tiene en precario desde hace una década y cuyo uso cedió a la asociación Córdoba Ecuestre, de la que el propio consistorio forma parte.
Esta asociación desarrolla actividades relacionadas con el mundo del caballo, entre ellas el espectáculo 'Pasión y duende del caballo andaluz', y se encarga de su mantenimiento con medios propios.
El Ayuntamiento de Córdoba y el Ministerio de Defensa acordaron recurrir al procedimiento de la expropiación forzosa para provocar el justiprecio de la Comisión Provincial de Valoración de la Junta de Andalucía por la diferencia de valoración del edificio, que la institución local fija en algo más de dos millones de euros y el organismo estatal en cerca de diez.
Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es
