La sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que anula el impuesto sobre la plusvalía genera un impacto de unos 15 millones de euros menos al año en las arcas del Ayuntamiento de Córdoba, pendientes ahora de los plazos de aplicación y las compensaciones que consideran que "debe afrontar" el Gobierno para los consistorios, que en toda España se ven afectados con un montante de unos 2.500 millones de euros.
En una rueda de prensa, el alcalde, José María Bellido (PP), ha advertido de que la situación a día de hoy es "muy problemática y dramática, en algunos casos, para las haciendas locales", porque "independientemente de las motivaciones de fondo, lo que ocurre con la sentencia es que el modelo de financiación local salta por los aires, está absolutamente destrozado, roto y no se sabe cómo se va a arreglar".
Según ha expuesto el también vicepresidente segundo de la Comisión de Hacienda de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), "esto supone a ayuntamientos como el de Córdoba en torno al 5-6% del total de los ingresos municipales", de manera que los 15 millones de euros menos suponen "la cuantía que anualmente se transfiere a Aucorsa para que haya servicio de autobuses; está por encima del presupuesto anual de la Gerencia de Urbanismo; dobla el presupuesto anual del Imdeco, y tener presupuesto suficiente para terminar la Ronda Norte en la primera fase".
En este sentido, el regidor ha subrayado que "el problema añadido es que es financiación directamente vinculada a los servicios públicos, al formar parte de los ingresos ordinarios", por lo que "si no hay una solución en un plazo inmediato, están en riesgo los servicios públicos, porque la merma de ingresos no se puede compensar con una bajada de las inversiones al financiarse directamente con los préstamos".
Ante ello, Bellido ha explicado que "se ha pedido de inmediato una reunión de la junta de gobierno de la FEMP para buscar soluciones y una reunión urgente de la Comisión Nacional de Administración Local", a lo que ha agregado que "caben varias soluciones, porque se ha roto el modelo de financiación local, como es cambiar el modelo, que el impuesto no se recupere, pero tendría que compensar el Estado a todos los ayuntamientos con mayor financiación y un ajuste muy rápido de las competencias que hay que prestar" desde los consistorios.
Y es que, ha argumentado, "si no hay financiación, no se pueden seguir prestando los servicios que se prestan hasta ahora", de manera que espera "una pronta solución", al tiempo que ha advertido de que "lo que más indigna es que esto era previsible, porque ya había dos sentencias anteriores y se lleva mucho tiempo trabajando desde el municipalismo y la FEMP exigiendo que hubiera una reforma de este impuesto o la financiación local", algo que se trató en verano en el seno de dicho organismo, ha recordado.
"SE SABÍA DESDE 2017"
Por su parte, el delegado de Hacienda del Consistorio, Salvador Fuentes (PP), ha apuntado en otra rueda de prensa que "esto se sabía desde el año 2017" con resoluciones anteriores y por parte del Gobierno "se ultimaba un borrador para garantizar la constitucionalidad del tributo, ofrecer seguridad jurídica a los contribuyentes y certidumbre a los ayuntamientos", ha manifestado.
Al respecto, el edil ha lamentado que "el Ministerio de Hacienda no ha puesto encima de la mesa una solución, como decía que tenía", de forma que "la situación para los ayuntamientos es de incertidumbre y mucha preocupación", al tiempo que ha defendido que "esto es un problema de Estado que hay que resolver inmediatamente".
Asimismo, Fuentes ha comentado que "se va a estudiar al detalle la sentencia para ver el sistema de cómputo", pendientes de "las propuestas" del Ejecutivo, aunque ha adelantado que "hay que plantearse la compensación al estar invalidada la ley", por lo que "el Ministerio de Hacienda debe compensar", ha insistido el concejal.
Así, ha aseverado que "habrá que modificar urgentemente la regulación de impuestos, a través de la nueva Ley de Haciendas Locales", a la vez que "se abre la necesidad de suspender cautelarmente toda la liquidación del impuesto hasta tener una solución", ha apostillado, remarcando que el Consistorio tiene que "hacer ya sus cuentas para 2022". "El problema ahora está en el Ministerio de Hacienda", ha sentenciado.
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