Ya se ha señalado que la creciente influencia de las organizaciones de ultraderecha en buena parte del mundo supone una auténtica amenaza para los derechos humanos y la democracia. Y que no es opción permanecer de perfil esperando que se diluyan sin más esas organizaciones y esas ideas abominables ¿Cómo hacer frente a ese crecimiento y a esa amenaza?
Me gustaría distinguir, por más que se trate de dos realidades que dialogan, entre las necesarias políticas que corresponde poner en marcha a los poderes y administraciones públicas, de aquellas otras que están más al alcance de las personas y organizaciones sociales. Como digo ambas sin embargo se encuentran entrelazadas.
Entre la gente demócrata se suele proponer que se establezca una especie de “cordón sanitario” punitivo frente a la extrema derecha. No tengo claro a/ que tenga mucha utilidad, y hay experiencias de sobra sobre elloen Europa; b/ que en la práctica sea respetado por muchos partidos, como nos demuestra todos los días el PP; y c/ ni me parece muy democrático pues no se puede cortocircuitar la representación política de millones de personas. En cambio, lo que creo absolutamente imprescindible es establecer un “cordón sanitario” -por ejemplo, en el Congreso- frente al discurso de odio y las ideas racistas, machistas o identitarias tóxicas que defienden esas organizaciones.
Decía en una anterior contribución (ver aquí) que en buena medida el crecimiento e influencia social de la ultraderecha hunde sus raíces en las desigualdades del mundo actual y en la falta de futuro que ha ido originando una indignación soterrada que se refugia en identidades excluyentes y tóxicas y en estos tiempos se está expresando en el apoyo a las opciones de ultraderecha.
En efecto decía que es en ese caldo cultivo en el que se alimentan y se retroalimentan los neofascismos. Hacerles frente de forma democrática es indispensable para la democracia y los derechos. Pero para hacerles frente ha que secar ese caldo de cultivo.
Frente a la ultraderecha más democracia y más derechos para todos y todas. No es el punitivismo o los recortes a la libertad de expresión los que van a hacer mella en esos nuevos fascismos, al contrario, alimentan su victimismo e incluso pueden fortalecerlos.
Por ello más y más profunda democracia. No puede ser, por ejemplo, que tengamos un poder judicial desbocado, sin contrapeso alguno, capaz de las más evidentes tropelías en la aplicación de las leyes. Nunca como hoy la justicia ha tenido tan poca credibilidad.
Alimenta también a la ultraderecha la incapacidad que está demostrando el gobierno para abordar democráticamente los problemas de encaje territorial de España. Hasta ahora el estado ha reaccionado ante la crisis catalana a base de represión y golpes de mano judiciales, pensando ilusoriamente que así se iban a contener. Por coherencia democrática pero colateralmente para segar hierba de los pies de la ultraderecha, el encaje territorial ha de abordarse desde el dialogo y la consulta. Que continúen todavía presos los líderes catalanes del procés, poco tiene que ver con la justicia y mucho con la venganza de ese poder judicial que se cree depositario de las esencias de la España una grande y libre, ante el que al gobierno le tiemblan las piernas.
En este sentido no se puede dejar que la extrema derecha y la derecha extrema abanderen identidades tóxicasreconvertidas en símbolos de enganche. Es preciso empeñarse en implementar una idea de país y una organización democrática, basada no en identidades excluyentes sino en una ciudadanía incluyente.
Pero ciudadanía tiene que estar llena de contenido. No hay ciudadanía incluyente entre las enormes desigualdades que ha consolidado el capitalismo depredador. No es posible una ciudadanía incluyente entre una desestructuración social desgarradora. La ciudadanía debe ser sinónimo de democracia acogedora y protectora de la gente más débil y vulnerable.
Las políticas de igualdad, que de verdad nadie se quede atrás y no sea tan sólo un bonito lema, la lucha contra la pobreza y la exclusión debieran ser el norte de la actuación de un gobierno progresista. Primero porque es de justicia y es de derechos humanos; pero colateralmente porque elimina buena parte de los agravios en los que están medrando las ideas de ultraderecha.
Estoy convencido que ni en la profundización de la democracia, ni en el cumplimiento de los derechos, ni en la lucha real contra la desigualdad y la pobreza se va a avanzar desde los gobiernos sin que exista presión social. Porque les falta voluntad, o porque están condicionados por poderes fácticos muy poderosos, o porque miran a la corta de sus intereses electorales. No se va a avanzar si la sociedad permanecemos en actitud pasiva a verlas venir. No lo van a hacer si no le ponemos contra las cuerdas del clamor de la gente, de la presión de la calle, del compromiso de miles y miles de personas.
Es imprescindible por justicia y para acabar con las raíces que permiten crecer a la ultraderecha. Pero aclaremos que ello no nos exime a la propia sociedady a los colectivos sociales de responsabilidades directasen el combate contra la ultraderecha. A ello me gustaría dedicar las reflexiones en una próxima contribución.
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