En el peor momento de la percepción pública de la justicia y, especialmente, del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, por el exceso de la intromisión del todavía presidente, Carlos Lesmes, en el asunto penoso de las hipotecas, se ha logrado un acuerdo para la renovación del órgano de gobierno de los jueces.
No hay muchas dudas en ningún foro cercano a la justicia que no tenga la certidumbre de que el acuerdo entre el Gobierno y el Partido Popular se ha producido por encontrarse por los suelos el prestigio de la judicatura. El Tribunal Supremo, máximo órgano jurisdiccional español, se había separado de cualquier comportamiento que se asimilase a lo que señala la Constitución: “La justicia emana del pueblo”. Nunca el pueblo se había sentido más lejos de la justicia que cuando una resolución judicial –la de las hipotecas- se aprueba y se rectifica por una sala del Tribunal Supremo y logra que se extienda –con razón o sin ella- la especie de que todo se ha hecho para favorecer a la banca, la que siempre gana. La implicación en esta estrambótica salida del propio presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Supremo, cerró el círculo del descrédito. El gobierno lo corrigió de inmediato. Evitó lo peor.
Correspondía ahora la renovación del Consejo y el poder político se ha puesto las pilas para cortar con esta situación y con los protagonistas de los hechos. La renovación de Lesmes era inaplazable para lo que era necesario un acuerdo de los partidos para su votación en el Congreso y el Senado. Como el PP y el PSOE disponen de los 210 diputados y de la absoluta mayoría en el Senado -son necesarios los tres quintos de las Cámaras- la renovación será posible.
Tienen razón la asociaciones judiciales cuando critican que el nombre del nuevo presidente –Manuel Marchena- sea conocido antes de que se reúnan para su elección los veinte vocales que lo deben elegir. Lo que ha ocupado más espacio entre los cronistas es que entre los vocales se encontrará un juez, De Prada, autor de esta frase en una sentencia que costó un gobierno al PP: “Se creó un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional” y hubo una “caja B del partido, consistente en una estructura financiera y contable paralela a la oficial, existente al menos desde 1989”.
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