"Los pueblos a quienes no se hace justicia se la toman por sí mismos, más tarde o más pronto", Voltaire.
Los pilares de la democracia se asientan en el estado de Derecho y este en la conocida división de poderes que, ya Montesquieu resaltó, deben, o deberían, ser independientes. Cuando el funcionamiento del sistema democrático consigue que el pueblo pierda la confianza en las instituciones, la democracia requiere un ingreso urgente en la UCI para someterse a un tratamiento de regeneración integral con transfusión de sangre incluida para limpiar a fondo, quimioterapia para matar células malignas y un obligado cambio de hábitos. El poder Ejecutivo y el Legislativo no es que estén bajo sospecha, es que pocos confían en que actúen guiados solo por el interés general.
Si la repulsa hacia la clase política ha llegado a límites extremos impulsada por los sueldos, las dietas, las pensiones "especiales" cuando finalizan su mandato, los aforamientos, los casos de corrupción y las promesas electoralistas, la cota de desconfianza hacia el poder judicial sigue en crecida y alcanza, justo estos días, niveles superiores. Si es grave que la sociedad no confíe en quienes deben defender sus intereses y que están al frente de la gestión pública, es mucho peor que la desconfianza y el descrédito se cierna sobre quienes deben impartir justicia. Casos como el del Supremo y las hipotecas o como el Gürtel de Jerez representan ejemplos nítidos.
El Supremo y el poder financiero. ¿Cómo explicar lo que acaba de pasar con el llamado alto tribunal? Una sentencia de su sala segunda que concluyó que el impuesto sobre actos jurídicos documentados de las hipotecas deben pagarlo los bancos y no sus clientes, haciendo peligrar los porcentajes de beneficio de las entidades financieras, provocó en el mismo día que la bolsa se desplomase respecto a las acciones de CaixaBank, Bankinter, Santander, Bankia, Sabadell, BBVA y Liberbank, perdiendo de momento, entre todos, 5.500 millones de euros en su capitalización bursátil para, a continuación, decidir el presidente del Tribunal, Luís María Díez Picazo, que la sentencia debía revisarse en su plenario para resolver los recursos interpuestos de forma express por las entidades. Tras dos sesiones de debate de magistrados, que en varios casos según parece no están especializados en tributario, el presidente llevó a votación la propuesta de que pagasen los bancos aunque sin retroactividad, lo que viene a ser que para las hipotecas de hasta ahora pagan los clientes y a partir de ahora los bancos.
La discusión se centró en retroactividad sí o no y la votación sólo obtuvo 11 votos a favor, entre ellos el de Díaz Picazo, por lo tanto salió desestimada. A continuación, la decisión del presidente tomó un giro y decidió abandonar el debate de la retroactividad y que la votación se limitase a decidir si estimar o no los recursos de los bancos. 14 votos a favor de los bancos y 13 en contra era la situación cuando le tocaba votar a Díaz Picazo, quien, cambiando de criterio, se declinó por estimar los recursos de las entidades financieras. Este es el resumen que a los ciudadanos pone los pelos de punta porque, ilusos, creíamos que cuando la justicia juzga, lo hace con la Ley por delante y parece nos han abierto los ojos ante la cruda realidad de que los códigos legislativos quedan relegados ante poderes mayores como el que representa, por ejemplo, el del IBEX 35.
El Gürtel y Jerez. En Jerez los comentarios recordando la famosa frase de Pacheco, los whatsaap reenviando un meme con su cara y "la justicia es un cachondeo" corren estos días porque la noticia del señalamiento del juicio del Gürtel en su pieza separada de Jerez casi acapara más comentarios de indignación que los del Supremo, y ya es difícil. Toda España tiene claro que el caso Gürtel es lo que la audiencia nacional ya sentenció: un sistema institucionalizado de financiación del PP, siendo por ello condenado este partido y por lo cual, como todos sabemos, le produjo la pérdida del gobierno central. Como claro todos tienen que la alcaldesa de Jerez entonces era del PP, María José García Pelayo, y que quien dirigía políticamente el Instituto de Promoción de la Ciudad por entonces era Bernardo Villar. También llevan años circulando por la ciudad comentarios de la buena relación de ambos con Arenas y las televisiones nacionales han contado hasta la saciedad la de este con Cuberos, que desgraciadamente apareció muerto en extrañas circunstancias y que era quien controlaba las empresas del entramado del Gürtel.
También se sabe que fue Pilar Sánchez, en esa vendetta que tenía contra Pelayo, la que mandó a la fiscalía el expediente de Fitur 2004, que había sido organizado por dos empresas de Cubero y que el PSOE es quien ha estado y está tras la acusación. Analizar las fechas en las que todo el largo proceso de instrucción ha tenido hitos importantes conduce a unas "casualidades" en las que a estas alturas nadie cree, como cuando tras años de instrucción ésta se cierra apresuradamente sin permitir que las dos últimas técnicos imputadas pudiesen defenderse porque, casualmente, era la semana en la que el PP de Cádiz tenía que cerrar la lista electoral para el Congreso. Y ahora, tras el largo proceso, señalan las sesiones del juicio exactamente los días de campaña electoral de las municipales... Y más aún cuando pese a que el Supremo dejó muy claro en el auto de sobreseimiento de Pelayo que los hechos estaban prescritos y aunque todos los encausados han pedido que se declare la prescripción, ya que la ha declarado sin ambages el alto tribunal, la audiencia ha diferido la decisión a la celebración del juicio.
Un empeño en que se celebre la vista oral y, casualidad, se fije coincidiendo con la campaña electoral, donde está clara la mano del PSOE para sacar rendimiento electoral y, si suena la flauta, volver a meter a Pelayo en el procedimiento cuando esto es algo, para el que sepa leer el auto, imposible. Pero lo peor no es todo esto, que ya es feo de narices, lo que no se entiende es que en el Gürtel de Jerez no haya procesado ni un solo político del PP, resultando un insulto a la inteligencia pensar que aquí un grupo de técnicos se organizaron por su cuenta para que se contratase a dedo a unas empresas de Madrid de la trama Gürtel, que la misma audiencia nacional ha dejado claro servía para financiación ilegal del PP.
Cuando lo que es una evidencia es que el grupo de estos técnicos municipales están sufriendo los efectos colaterales de una batalla política, con una actuación del poder judicial que, se pongan como se pongan, los ciudadanos no entienden. García Pelayo, por ser aforada, se benefició de un proceso rápido, del que resultó el archivo provisional porque el Supremo concluyó que una alcaldesa de un ayuntamiento como Jerez no podía estar en todo, ni ver lo que firmaba y, para dejar totalmente cerrada la posibilidad de que en un futuro se pretendiese reabrir su caso, dejó muy claro que los hechos están prescritos. La audiencia nacional, pese a las peticiones de varios imputados, no aceptó que Bernardo Villar compareciese a declarar y el hecho de que fuese el vicepresidente del IPDC y firmase los contratos al parecer no era relevante. Como tampoco ha parecido relevante a la audiencia que el Supremo concluyese que los hechos están prescritos.
Desde luego lo que todo esto nos deja claro es que lo que no tiene ninguna relevancia es lo que los cinco técnicos municipales vienen soportando y lo que se les hace seguir aguantando con un juicio de unos hechos que el Supremo ha declarado prescritos, en una trama política en la que la justicia ha decidido que no haya políticos. Y ante esta suerte de incalificable, injusto e inhumano despropósito, ¿dónde está el PP, que no es capaz de salir en su apoyo? Los ciudadanos no pueden sorprenderse por tanto de que en un ayuntamiento como Jerez los expedientes tarden porque los técnicos no firman y no lo hacen porque saben que ante el mínimo problema quienes pagan son ellos porque el resto se quita de en medio y a la vista está.
Ante estos hechos lo probable es que el juicio, una vez iniciado, se suspenda por prescripción, pero en el mejor de los casos: ¿quién repara el daño?, ¿cómo se cuantifica el desvelo y el temor acumulado durante años y, sobre todo, quién puede dormir en paz ante una justicia politizada o influenciada por los poderes financieros? Ahora que Pacheco está ocioso quizás debería registrar su frase, copyright incluido, y comercializarla en camisetas, chapas, posavasos o en pequeñas togas o mazas de silicona para llaveros porque unas décadas después se están esforzando y mucho en demostrarle la razón.
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