Cuando aún persiste el debate sobre la necesidad de las diputaciones provinciales conviene no perder de vista determinadas actuaciones de las mismas. Es el caso de la de Sevilla, presidida por el socialista Fernando Rodríguez Villalobos, que ha dado un paso decisivo en la creación y puesta en marcha del Consorcio Provincial Contra Incendios. Acaba de constituir su Junta General y el Consejo Rector con lo que echa a andar una nueva estructura que pretende unificar los servicios que, con muchas dificultades,venían desempeñando numerosos municipios. De esta forma, se consigue ahorro de recursos públicos y ,sobre todo,una mejora sustancial de las prestaciones que se ofrecen desde esta parcela tan esencial para los ciudadanos.
Por ahora, estamos en los inicios pues sólo se han adherido a este órgano de nueva creación 16 de los 104 municipios de la provincia, pero se confía en que se consolide con la incorporación de más ayuntamientos dadas las ventajas de las que se beneficiarán todos. Así ocurrió en el pasado con la gestión de los tributos locales que son administrados por otro ente instrumental, elOrganismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal (OPAEF) y en el que están, prácticamente, todas las corporaciones. La formación de este nuevo consorcio está cargada de sentido común y lo que extraña es que todavía no haya sido una realidad como sí sucede, en cambio, en otros lugares , y desde hace años. Por ejemplo, la provincia de Cádiz cuenta con un experimentado consorcio integrado por un equipo de bomberos muy profesionalizado y bien equipado.
Queda claro que aunar criterios y medios elimina dispersiones del gasto y redunda en beneficio del contribuyente, finalidad última de las instituciones. Con ello, las diputaciones reivindican claramente la validez de su existencia. Sólo una figura supramunicipal de esta envergadura es capaz de poner orden en la prestación de servicios que ,por lo general, superan las siempre muy limitadas arcas de los ayuntamientos. Hablamos de racionalizar el esfuerzo y de homogeneizar formas de trabajo y hasta las condiciones laborales de los empleados adscritos a esta tarea. Todo hace indicar que dicho consorcio logrará la debida velocidad de crucero imprimiendo modernidad y eficacia a la prevención y extinción de incendios en nuestros pueblos y ciudades. Ahí es nada.
Respetando, eso sí, la autonomía municipal, queda mucho por hacer aún y en otras materias, también, sumamente imprescindibles para todos como puede ser la gestión y tratamiento de residuos urbanos o a la distribución del agua y el saneamiento. Se trata de áreas muy apetecidas por el sector privado cuya concurrencia no debe desestimarse, desde luego, pero que requieren de una arquitectura común previa que priorice el interés público, elimine pérdida de recursos, alcance el cumplimiento de las exigencias europeas y ,sobre todo, que logre la excelencia ante los ciudadanos. En definitiva, hacer provincia.
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