Con perspectiva sureña

Monedas de cambio

Si hace apenas unas semanas Pablo Casado, presidente del PP, nos anunciaba su intención de derogar la actual ley de plazos del aborto y retroceder a la...

Publicado: 14/03/2019 ·
23:10
· Actualizado: 14/03/2019 · 23:10
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Autor

Antonia Merino

Antonia Merino es una reconocida periodista y analista política y social de la provincia jienense

Con perspectiva sureña

La actualidad política y social vista desde la trinchera femenina y la experiencia de una veterana del periodismo jienense

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Si hace apenas unas semanas Pablo Casado, presidente del PP, nos anunciaba su intención de derogar la actual ley de plazos del aborto y retroceder a la de supuestos de 1985 alegando que si queremos financiar las pensiones y la salud debemos pensar, según él, en cómo tener más niños y no en cómo los abortamos, ahora nos brinda otra perla aún más difícil de digerir por alguien que se precie de respetar los derechos más elementales del ser humano. De nuevo, el dirigente popular pone el foco en las mujeres, en las inmigrantes sin papeles que huyen con sus hijos del horror y la miseria de su país. Pues bien, la última ocurrencia es incluir en su propuesta de Ley de Apoyo a la Maternidad que las extranjeras embarazadas que decidan dar a su hijo en adopción, no serán expulsadas durante el periodo de gestación e insistiendo en que la adopción no supondría “ningún blindaje”. Lo que viene a plantear el PP es una cruel medida: inmigrantes indocumentadas entregan sus hijos en adopción y el Gobierno, por su parte, las protege frente a una posible deportación, siempre que no caigan en una redada. Todo un alegato por la ayuda humanitaria. A partir de aquí y como mujer me remueve las entrañas pensar que un partido que aspira a gobernar este país carezca de la más mínima sensibilidad y empatía con los colectivos más frágiles de la sociedad. Da lo mismo que sean de aquí o no. En este caso, el PP apunta al eslabón más débil, mujeres inmigrantes embarazadas en situación irregular, mujeres que huyen de sus países para proteger a sus hijos de la barbarie y en busca de una vida mejor y que, desde luego, no vienen a España pensando en utilizar a sus hijos como moneda de cambio para evitar su expulsión. ¿Qué clase de gobierno puede situar a las personas en esta tesitura? ¿Qué clase de gobierno puede forzar una separación entre la madre y su hijo? No sé muy bien a qué se refiere el PP cuando habla de restaurar la cultura de la vida, pero sí da miedo pensar que es capaz de aprovecharse de la vulnerabilidad de la mujer emigrante embarazada. Disfrácenlo como quieran, pero esto es un robo de niños, a plena luz del día y con impunidad para el ladrón. ¿Y estos son los que van cada domingo a misa con su familia? Menuda farsa.

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