Jorge Guerrero, portavoz de la formación, viene denunciando la falta de transparencia y la obstrucción a la información del equipo de gobierno desde que empezó el periodo corporativo.
“Es una vergüenza democrática, que no podamos tener acceso a la documentación que necesitamos para poder trabajar” apostilla el concejal.
Según Guerrero, lo peor se lo lleva el urbanismo, “tenemos decenas de peticiones de documentación sin contestar y otras tantas mal contestadas, no sabemos si por voluntad o por descuido pero nuestra labor cada vez es más cuesta arriba y a ciegas”.
La formación ha pedido al consistorio la declaración de la caducidad de la licencia de obra concedida a “AEDAS HOMES” en varias ocasiones y, según Guerrero, en una ocasión le dijeron que la empresa estaba por tramitarla pero el ayuntamiento hasta el momento no les ha comunicado nada. Y es que dicha licencia urbanística otorgada en marzo de 2019 implicaba que el plazo máximo para el inicio de las obras terminaba en septiembre de 2019, por lo que ha caducado. No habiendo solicitado prórroga de la misma dentro del plazo legal, procede declarar la caducidad de la licencia. El plazo para tener ejecutada la obra termina en marzo de 2021.
“Queremos que se tramite la declaración de la caducidad de esa licencia para revertir el proceso de tala y construcción del Pinar de Costa Sancti Petri. En su momento lo dijimos y ahora seguiremos diciendo que nos parece una salvajada urbanística lo que pretenden hacer allí, sea legal o no. El crecimiento poblacional de nuestra localidad es sensiblemente menor a las previsiones del PGOU, por lo que las previsiones de construcción de nueva vivienda están por encima de la necesidad de la misma. Esto es una evidencia del actual PGOU, vigente hasta que llegue la sentencia firme de anulación del Tribunal Supremo. Se están recalificando zonas para urbanizarlas pero mientras tanto tenemos miles de viviendas sin regularizar y sin los servicios básicos. No necesitamos crecer, necesitamos dar una calidad de vida a nuestros vecinos y vecinas, adecuar lo que ya tenemos y suministrar los servicios básicos al diseminado, un tema que ya empieza a dar más vergüenza que otra cosa”
La construcción de las viviendas de lujo en el Pinar de Costa Sancti Petri con la consiguiente tala de pinos que requiere, creó un tornado de críticas al respecto, movilizando a la ciudadanía que se manifestó masivamente en contra en las inmediaciones del pinar.
“Queremos pensar que gracias a las denuncias de diferentes colectivos como Toniza- Ecologistas en Acción Chiclana, las nuestras y la de vecinos y vecinas de Chiclana, han hecho que la constructora no vea atractiva la inversión y se marche. Después de esta pequeña victoria para el medio ambiente, queremos ver la declaración de la caducidad de esa licencia y poder seguir viendo esa zona llena de sus auténticos habitantes, los pinos, lentiscos, tórtolas y camaleones”.
“Ni si quiera nos dejaron ver la licencia de obra para la instalación de la valla perimetral, accedimos a ella hace poco pero ya sin interés ninguno y con falta de credibilidad. Es un despropósito total, tenemos peticiones de información formuladas del anterior periodo sin contestar y éste nos pasara lo mismo”
Para finalizar, la formación recuerda que tras las numerosas sentencias judiciales ganadas por Ecologistas en Acción, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado el Decreto-ley 31/2020 que obligará a reiniciar la tramitación de numerosos planes urbanísticos al no haberse sometido a la preceptiva Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), según establece la normativa europea y estatal. “Es una decisión de gran trascendencia, que desmonta la fraudulenta política ambiental aplicada a los planes urbanísticos desde 2004. La necesidad de una EAE también es para la aprobación de cualquier plan especial que descuelgue del PGOU, como el plan especial de Sancti Petri, pero este gobierno solo cree en un plan cortoplacista con miras solo de recaudar con licencias urbanísticas y concesiones al turismo depredador, olvidando que llevamos gastados más de 20 millones de euros en planes urbanísticos tumbados en los tribunales, y los que nos quedan si no cambiamos de estrategia”.
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