Este pasado martes a las 10.00 horas estaba previsto que se ejecutase el tercer intento de desahucio de la familia que vive y que seguirá viviendo en la casa número 143 de la Urbanización Las Torres de la zona del Coto la Campa. Un Juzgado de Sevilla lo fijó después de que se presentaran distintas alegaciones a este caso, también por la presión social impulsada y originada, reivindicación pública ciudadana mostrada el pasado 11 de septiembre de 2012 y en la segunda suspensión diez días después.
La familia avaló su casa de Sevilla tasada en 320.000 euros sobre un préstamo personal de 23.000 euros en 2003 con el Banco Popular Español para invertirlo y poder iniciar un pequeño negocio con unas condiciones determinadas, pero no pactadas, sobre una Oferta Vinculante, sin determinar previamente una negociación y nada sobre las cláusulas suelo-techo, y para devolverlo con sus intereses solo en un plazo, en 12 meses.
Un año más tarde tuvieron que recurrir a un segundo contrato de préstamo también con las condiciones y plazo similar, más los intereses contratados, más los recargos y por demora.
En 2005 refinanciaron para otro año con la Financiera Financa SA 100.000 euros al 19,50 por ciento de interés y para en caso de impago el 29 por ciento, para liquidar la deuda generada con el Banco Popular Español, y en 2006 volvieron a refinanciar con otra Financiera, Cartuja Financiera SA, para liquidar la deuda con Financa SA, que ya ascendía con los intereses a 119.500 euros más 26.000 euros a la Tesorería de la Seguridad Social, ahora también avalando la casa de Chiclana tasada en 210.000 euros.
Como cada vez era aún más difícil de pagar volvieron a refinanciar la deuda con Proinco Alba SL e Icopol 86 SL en 2007, quienes en 2010 y en subasta ya se las quedaron adjudicadas por el 50 por ciento de lo tasado, osea, las dos casas por 265.000 euros.
En distintas ocasiones y con el apoyo de la Asociación de Afectados por la Hipoteca, la familia gestionó y les propuso finiquitar la deuda y negociar una dación en pago adjudicándose la Financiera la casa de Sevilla. En la actualidad esta última Entidad les reclama 310.000 euros de principal, más costas del procedimiento de ejecución e intereses, en total unos 365.000 euros.
“Lo usurero de toda esta historia es que la familia calcula que más de un 80 po rciento, unos 292.000 euros, de esa última cantidad que les reclaman pertenece a esos intereses claramente abusivos del 19,50 por ciento, también por esos abusivos intereses por demora del 29 por ciento, por las comisiones bancarias y por otras a determinados intermediarios en B, por los recargos de los impagos, gastos de tasaciones, impuestos, notarias y registros, otros varios e intereses y costas del procedimiento de ejecución”, dice la Asociación.
Se trata de la tercera suspensión de una de las últimas ejecuciones de desahucio que se ha conocido en Chiclana, de una familia compuesta por tres hermanos con larga duración en desempleo.
Las alegaciones en esta ocasión han ido vinculada en que es la vivienda habitual de la familia y por hacerle ver al Juzgado de la existencia de algunas claramente cláusulas abusivas impuestas en los contratos de préstamos, y que al parecer, no existe ninguna Oferta Vinculante, documento obligatorio que tendría que ser firmado tres días hábiles previo a la contratación de los préstamos ante Notario y que fue llevados a cabo por la madre ya fallecida.
“La batalla y la lucha colectiva continuará. La familia demandará a Proinco Alba SL e Icopol 86 SL”, dice la Asociación.
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