El alcalde, José María Román, y el urbanista gerente de la empresa Territorio y Ciudad, Manuel Ángel González Fustegueras, formalizaron este lunes el contrato para la elaboración del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que sustituirá al que actualmente está vigente, que fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía pero que se encuentra recurrido ante el Supremo. La empresa contará a partir de ahora con 18 meses para la conclusión del documento completo aunque Fustegueras ya ha anunciado que en un plazo de dos meses estará preparado el avance para su exposición pública.
Entre las novedades que presentará el nuevo Plan, habrá algunos cambios en las Áreas de Gestión Básica con la posibilidad de ampliarlas y reducir la parcela mínima para permitir más viviendas; la conservación íntegra del Pinar de Hierro como espacio verde; la construcción de la planta de tratamiento de residuos; la ordenación del suelo industrial que está previsto desarrollar en la localidad; y aspectos relacionados con la nueva economía, como el uso acuícola de los esteros y las marismas del municipio.
Fustegueras ha explicado que no se va a cambiar el modelo territorial proyectado en el anterior Plan General, tan sólo se incluirán cambios para ajustarlo a los nuevos reglamentos en materia urbanística. “Tendremos muy en cuenta aspectos relacionados con la movilidad y algunas cuestiones como el tranvía, pero se respetará el modelo territorial ya vigente, cuidando mucho los aspectos formales. No hay que olvidar que lo que ha sido sancionado por el TSJA y está pendiente de revisión por parte del Supremo son aspectos formales y, en ningún caso, han prosperado las denuncias relativas al contenido ni a asuntos de fondo”, ha apuntado Fustegueras.
Cabe recordar que el nuevo Plan General debería estar redactado antes de que el Supremo se pronuncie sobre el anterior, dado que ése podría quedar invalidado de manera definitiva y, en ese caso, de no estar ya el nuevo, la ciudad se quedaría sin su principal instrumento urbanístico.
Viviendas ilegales
Por otro lado, preguntado por el proceso de regularización de viviendas, Fustegueras fue rotundo y dijo que “apostaría porque se pusiera en marcha inmediatamente”. El urbanista reconoció que “es un proceso difícil que exige un esfuerzo titánico pero sería absurdo no acometerlo ya que plantea beneficios para todos los ciudadanos. Es difícil, duro y costoso. El problema es muy grande y será duro para todos”.
En cuanto a las trabas puestas por la oposición a la regularización, Fustegueras recordó que el cuatripartito ya planteó hace un año una solución parecida. “La oposición también planteó un proceso de esta naturaleza. De hecho no hay diferencias notables en el fondo y la intención de ambas ordenanzas”, concluyó.
