Quince días después del decreto del estado de alarma a causa de la crisis sanitaria por coronavirus, el Consejo de Ministros aprobó un real decreto que habilitaba a la Seguridad Social que concediera un aplazamiento de pago de la cuota del mes de abril para todas las empresas y autónomos a un interés más barato, concretamente el 0,5% frente al 3%, y permitió de forma excepcional las moratorias en el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social de mayo, junio y julio por seis meses. Al término de este plazo, los beneficiarios habrían de abonar las cuotas sin intereses según a como lo dispusiera la orden ministerial.
Esta semana, de acuerdo a diversas respuestas parlamentarias publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, a preguntas de un grupo de diputados socialistas, entre los que se encuentra la jerezana Eva Bravo, se ha podido comprobar que las medidas planteadas por el Gobierno tuvieron una discreta acogida en la provincia ante la paralización de la actividad económica.
Con respecto a las moratorias en el pago de las cotizaciones sociales aplicadas en las liquidaciones entre mayo y julio, solo se registran 29 empresas y 9 autónomos. En el conjunto de Andalucía, se anotan 299 empresas y 174 autónomos.
En cuanto a los aplazamientos de pago de deudas con la Seguridad Social, el Ejecutivo contabiliza 683 relativos a empresas, por un importe de 5,3 millones de euros; y 50 autónomos, por un importe de algo más de 36.000 euros. En total, la comunidad sumó 4.964 aplazamientos de empresas por valor de casi 30 millones de euros y 683 en el caso de los trabajadores por cuenta propia por unos 3,1 millones de euros.
Por otra parte, el Gobierno admite que no se dispone de información oficial sobr el número de autónomos y empresas que se han acogido a las medidas de flexibilización del pago de suministros básicos en la comunidad y por provincias.
Asimismo, tampoco puede precisar cuántos autónomos y empresas se han acogido a la ampliación de los permisos de acceso y conexión de las redes eléctricas con motivo del estado de alarma, ya que se trataba de una medida consistente en la ampliación de un plazo y no era necesario acogerse expresamente a lo establecido en la disposición.
“Estas medidas no convencían a nadie”, asegura José Blas Fernández, presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta y del Consejo Andaluz de Colegios. De hecho, recuerda que hubo un rechazo absoluta por parte del presidente de la Federación Nacional de Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, quien solicitó reiteradamente la condonación de la cuota a la Seguridad Social de todos aquellos que no se pudieran acoger al cese de actividad y la rebaja del porcentaje de caída de facturación para poderse beneficiar de las prestaciones del 75% actual al 30%, para “no dejar en la cuneta” a los trabajadores por cuenta propia.
Además, el Gobierno abría una vía, los expedientes temporales de regulación de empleo (ERTE), que sí era atractiva, dado que ha exonerado a las empresas del pago en un 80% de las cuotas de la Seguridad Social. El Ejecutivo optó, añade Fernández, por “el café para todos, dio manga ancha, y eso ha tenido un coste importante”.
Según datos facilitados esta semana por el subdelegado del Gobierno en Cádiz, José Pacheco, en septiembre había 19.280 trabajadores gaditanos acogidos a un ERTE; en mayo, era más de 75.000. El Gobierno ha destinado 188 millones de euros desde el mes de abril y hasta septiembre para garantizar el mantenimiento del empleo. Las prestaciones por desempleo, por su parte, han supuesto un desembolso de 473 millones de euros en ese mismo periodo con hasta 180.000 prestaciones.
José Blas Fernández advierte que ahora se espera una oleada de despidos e impagos a la Seguridad Social. “No hay negocio”, lamenta. “Ha caído el consumo, no se ha restablecido la actividad y hay temor”, agrega. El sector, afirma, “se prepara para una avalancha de quiebras y concurso de acreedores”, conforme se van agotando los recursos de los que dispone el Gobierno para mantener la economía bajo respiración asistida.
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