La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, reiteró esta semana en el Parlamento los argumentos sostenidos hasta ahora por la Junta de Andalucía para justificar su salida del Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana: la decisión de separación voluntaria se adoptó en el año 2015 por el entonces titular del departamento, el socialista José Fiscal, de acuerdo a la Ley de Aguas, y la petición fue ratificada posteriormente por escrito en septiembre de 2016. Dado que no se ha revocado, se ha hecho efectiva ahora.
Sin embargo, la consejera no aclaró en ninguna de sus dos intervenciones las repercusiones en el seno del propio Consorcio y se limitó a decir que “seguiremos hablando con los miembros para ayudarles en la medida de nuestras posibilidades”.
El Consorcio, por su parte, sí ha cifrado la dimensión del roto que hace la marcha del Gobierno autonómico, que financiaba desde el año 2005 inversiones que hasta día de hoy suman un importe cercano a los 150 millones de euros.
En primer lugar, el coste de los proyectos pendientes tendrán que asumirlo íntegramente los 19 municipios que forman parte del ente (Algar, Arcos, Barbate, Benalup, Cádiz, Chiclana, Chipiona, Conil, Jerez, Medina, Paterna, Puerto Real, El Puerto, Rota, San Fernando, San José del Valle, Sanlúcar, Trebujena y Vejer). Y, con el precio actual del agua en alta, tardarán en ejecutarse más de 50 años. Entretanto, habrá que soportar infraestructuras que en algunos casos superan los 60 años y que exigen un mantenimiento constante, sufriendo averías de manera habitual y provocando molestias a los usuarios.
El presidente del Consorcio, el alcalde de Sanlúcar, Víctor Mora, no descarta incluso una subida del recibo del agua que, inevitablemente, se trasladará al ciudadano, para hacer frente a la planificación de obras previstas y las incidencias.
La salida de la Junta resta al presupuesto común unos 300.000 euros anuales, a los que hay que sumar otros 300.000 por el incremento del canon del trasvase Guadiaro-Majaceite sin que exista, según Mora, una justificación aparente. La situación en la que queda el Consorcio afectaría incluso al suministro de la Base Naval de Rota, que “tendría que replantearse porque supone una responsabilidad que origina costes inasumibles para los ayuntamientos”.
Mora ha considerado que la Administración autonómica no puede romper su pacto con los municipios hasta pasar por el trámite legalmente establecido en los estatutos del Consorcio y salde su deuda. Y, en cualquier caso, remarca que los acuerdos asumidos en 2005, por los que el ente se hacía cargo de una red de tuberías de casi 500 kilómetros, más de 20 depósitos, cuatro depuradoras y cinco estaciones de bombeo, además de 130 empleos, establecía que no se extinguiría el convenio hasta que se cumpieran todas las actuaciones recogidas en un anexo.
El primer edil sanluqueño ha asegurado que mantuvo una reunión en mayo con responsables del Gobierno regional para expresar “lo inoportuno de la postura y la importancia de mantenerse en la gestión consorciada”. Cada vez que ha tratado de reconducir la situación, revela, “la Junta ha contestado con evasivas”.
Y, aunque admite que, tal y como sostiene la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, fue el socialista José Fiscal quien inició el proceso de ruptura en 2016, también lo es que se reunió con el entonces vicepresidente andaluz, Manuel Jiménez Barrios, y consiguió que recapacitara, retrasando su salida hasta ahora. “Vamos a exigir en la asamblea al Gobierno autonómico que desarrolle todas las inversiones comprometidas”, ha agregado.
La Junta, por su parte, mantiene que no hay ningún documento que revoque la orden del 23 de junio de 2015 y que el secretario general de Medio Ambiente, Agua y Cambio Climático dictó oficio el 18 de noviembre pasado para informar de que ejecutaría la solicitud de separación y la institución dejaría de formar parte del Consorcio a partir del 31 de diciembre.
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