La muerte de Julen, el niño de 2 años que cayó a un pozo en la finca de unos familiares en Totalán, en Málaga, en enero de 2019, desató la alarma social dado que el lamentable suceso reveló el gran riesgo existente para las personas, y también para los animales, por la deslocalización y el abandono de sondeos en desuso o negativos sin cumplir las medidas adecuadas de cierre y sellado. Se supo entonces que las cifras que se manejaban en torno a prospecciones al margen de la normativa alcanzaban el medio millón, de acuerdo a los datos del Gobierno publicados en 2006. Pero una filtración del gabinete de prensa del Ministerio de Medio Ambiente reconoció que podrían asceder a más de un millón en toda España.
La ausencia de información y transparencia por parte de las administraciones, y con el país sentado frente al televisor presa de la angustia por la suerte que correría el pequeño y el miedo a que pudieran producirse nuevos accidentes, llevaron al Ejecutivo a anunciar la intensificación del control de los pozos ilegales. Justo un año después del rescate sin vida del niño, que precisó de un operativo de 13 días y 700.000 euros de coste, la Guardia Civil ha hecho públicos los datos de la operación Mizu, desarrollada en 2019 para vigilar y controlar los acuíferos subterráneos y los superficiales. Los agentes de la Benemérita han localizado 1.500 prospecciones y balsas irregulares para regadío en España. Solo en Andalucía se han llevado a cabo 442 inspecciones, se han anotado 730 infracciones administrativas y otras 18 penales. Además, según información facilitada por la Delegación del Gobierno, ha habido una veintena de detenidos. Por su parte, Cádiz, con 107 delitos administrativos y 2 penales, suma además un investigado.
La sargento de la Jefatura del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), Ana Prieto, ha advertido de que detrás de estas cifras, además del peligro a la seguridad física, existe un problema de primer orden, contra el que el cuerpo lleva años de intenso trabajo, y ha recordado que los delitos mediambientales son los terceros más lucrativos, por detrás únicamente del tráfico de drogas y la falsificación de documentos, y por delante del tráfico de personas.
En esta línea, el responsable de campañas de Consumo y Biodivesidad de Greenpeace, Julio Barea, se remite a una investigación realizada por la organización que cifra en casi 15 millones de euros el robo del agua entre los años 2013 y 2017. Este es, remarca en un informe que rubrica recientemente, “uno de los delitos más cometidos en España pero que está, paradójicamente muy poco perseguido”. “La falta de información y medios de las fiscalías para perseguirlo contribuye, por otra parte, a la impunidad”, explica.
Al otro lado del teléfono, Barea lamenta no tener referencias concretas sobre Andalucía y Cádiz porque “no hay un inventario oficial” de sondeos irregulares, pese a las reiteradas solicitudes al respecto, aunque asegura que el 70% de los pozos se construye ilegalmente. El informe de Greenpeace señala, no obstante, que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) es la que mayor daño hidráulico acumula, con 8 millones de euros. El estudio recoge, de hecho, tres denuncias en Jerez, aunque sitúa el grueso en el entorno de Doñana, tanto por extracciones de agua como por pozos ilegales. No en vano, la CHG cerró 77 localizados en Lucena del Puerto (Huelva) el pasado año.
La sobreexplotación también conlleva a que el 44% de las masas de agua subterráneas se encuentre en mal estado. Esto sucede, explica Daniel López, de Ecologistas en Acción, en la costa gaditana, “desde Sanlúcar hasta Barbate”, lo que acaba con la salinización del acuífero. Ante esta situación, el Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas reclama más medios humanos en la Administración para evitar que la obtención de permisos sea larga y ardua y mayor coordinación entre las administraciones implicadas (hidráulica y minera). Y valora, finalmente, la labor de supervisión del Seprona: es muy efectiva.
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