Verdemar Ecologistas en Acción informa, mediante un comunicado, de la reiteración y ampliación que han llevado a cabo de la denuncia sobre las obras de Fondo de Barril a Cepsa y al Ayuntamiento de San Roque (Cádiz), a fecha 31/07/2019, en cuya virtud se incoó Expediente Gubernativo, por la presunta comisión de delitos de prevaricación urbanística y ambiental, relativos a la protección de la flora y fauna, contra los recursos naturales y el medio ambiente, y sobre el patrimonio histórico, definidos en los artículos 319 y siguientes del vigente Código Penal (aprobado por L.O 10/1995, de 23 de noviembre).
La mercantil Cepsa S.A., señalan en la nota enviada desde el grupo ecologista, "ejecutó obras que implicaban desmontes y movimientos de tierras para la urbanización del terreno destinado a la instalación Fondo de Barril, con sujeción a las licencias municipales, todas las licencias referidas se otorgaron sin esperar a la aprobación definitiva de los instrumentos de ejecución urbanística. Las referidas licencias serían nulas de pleno derecho, pues se basan en una modificación puntual del Plan Especial y de Seguridad Industrial (PEYSI, aprobado en 1993) en el Área de la Bahía en el T.M. de San Roque sobre el Área del Complejo Petroquímico del Grupo Cepsa".
Para Verdemar, esto constituye un "burdo, inútil e ilegal intento de convalidar unos trabajos que ya se han ejecutado en su mayoría, con afecciones ambientales consumadas, pero que trasluce la "preocupación" de Administraciones competentes y del promotor en "limpiar" su actuación".
No obstante, apuntan desde el grupo ecologista, "esta maniobra legal no hace sino confirmar la denuncia reiterada por la organización: La ejecución de las obras de urbanización para la instalación y funcionamiento del proyecto Fondo de Barril sin someterse a la preceptiva evaluación de impacto ambiental". Además, recuerdan "los movimientos de tierra" que han provocado "afecciones a hábitats protegidos y flora amenazada".
El conjunto de actuaciones descritas "conculcan el propio Plan General de Ordenación Urbana de San Roque", denuncian desde Ecologistas en Acción, además de "las normas sectoriales en materia de flora, fauna y hábitats, las parcelas ya han sido removidas, y con ello, se habrían eliminado las poblaciones de flora amenazada que allí existían".
Con respecto a los pies arbóreos que pudieran verse afectados, las instalaciones se ubicarán de manera que afecte al mínimo número de pies posibles, explican en la nota. El replanteo se llevará a cabo previamente al inicio de los trabajos, con la presencia del Agente de Medio Ambiente responsable de la zona. En caso de ser necesario realizar cortas de árboles o arbustos de elevado porte, estos deberán ser señalados previamente por el Agente, que también elegirá aquellos pies cuyo trasplante sea técnicamente viable.
"Todos los acebuches (Olea europaea var. sylvestris) y el matorral acompañante se han desmontado, y no consta que haya existido un señalamiento previo por parte de la guardería forestal", añaden.
"El Estudio de Impacto Ambiental Proyecto Fondo de Barril inventaría especies amenazadas y hábitats protegidos que se habrían visto irremediablemente afectados a consecuencia de los desmontes y movimientos de tierras", critican desde Verdemar. "Se destacan, entre otros, hábitats comunitarios por su condición de prioritarios, lo que pone de relieve la importancia de los ambientes naturales que se habrían eliminado, y que pese a no formar parte de un espacio natural protegido integrado en la Red Natura 2000, obligaba a una exigente justificación de su afección, en aplicación del espíritu de la Directiva 92/43/CEE Hábitats y la legislación española de transposición", detallan en el comunicado enviado. Justificación que no se constata en el seno de los procedimientos autorizatorios del proyecto Fondo de Barril aún en trámite.
"A los impactos reseñados habría que sumar las probables afecciones a los yacimientos arqueológicos presentes en todo el área. Como quiera que la Delegación Territorial en Cádiz de la Consejería de Cultura impuso mediante Resolución de fecha 11/04/2016, recaída en EXPT. A-21/16 (1083), las medidas cautelas arqueológicas que se imponían al promotor de las obras sólo han beneficiado a una parte de la Unidad de Ejecución (U.E.1), por lo que mucho nos tememos que se hubieran sacrificado restos de gran valor", denuncian.
"Hay que tener en cuenta que las prospecciones preventivas se exigían dentro del procedimiento de Autorización Ambiental Integrada del proyecto Fondo de Barril, con lo que se han realizado las obras preparatorias de la urbanización de la Unidad sin esperar a los pronunciamientos ambientales preceptivos, con lo que las cautelas arqueológicas durante la fase de ejecución han podido descuidarse, o no realizarse", finalizan desde Verdemar en su comunicado.
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