Actualizado: 16:59 CET
Domingo, 15/12/2019

Campo de Gibraltar

Adelante lleva a Diputación el caso de las trabajadoras de Dulcinea

Presentarán una moción para reclamar una solución en la empresa que presta el servicio de comidas en los cuarteles del Campo de Gibraltar

  • Reunión sobre drogodependencia.

El grupo provincial Adelante Cádiz defenderá este miércoles, en el Pleno de la Diputación Provincial, una solución para los trabajadores de Dulcinea Nutrición SL, empresa concesionaria del servicio de comidas de varios organismos públicos y que operan, sobre todo, en los cuarteles militares del Campo de Gibraltar y de San Fernando. En concreto, los diputados de Adelante expresarán en primer lugar el apoyo que desde el grupo provincial brindan a esta plantilla de un total de 34 personas: 17 personas (14 mujeres y 3 hombres) destinadas en las instalaciones militares de Camarinal-Bujeo (Tarifa), Charco Redondo (Los Barrios), Adalides (Algeciras) y el acuartelamiento Cortijo Buenavista (Campamento, San Roque) y otras 17 personas (9 mujeres y 8 hombres) en el acuartelamiento de Camposoto. Todos estos trabajadores llevan “meses sufriendo condiciones laborales precarias e impago de nóminas, ausencia de material adecuado, bajas sin cubrir, ausencia de control horario o la no entrega de los contratos”.

Desde el pasado septiembre comenzaron a movilizarse para “exigir al Ministerio de Defensa el fin de los abusos laborales por parte de esta empresa y desde el pasado 1 de octubre, no pueden acceder a su puesto de trabajo”, ya que como ha apuntado el sindicato CGT, “los mandos militares en Sevilla ordenaron que se prohibiera la entrada de las trabajadoras a sus puestos de trabajo en los cuarteles por la deuda que Dulcinea Nutrición S.L mantiene con la Seguridad Social”.

Para los diputados de Adelante, “es un despropósito que Dulcinea no sea inmediatamente coartada e impedida por el ministerio de Defensa que es la administración pública que la contrata. Estas trabajadoras acumulan 4 meses sin cobrar sus salarios reclaman que el propio Ministerio intervenga para poner fin a la lamentable y dolorosa situación”. Y de hecho, recordaron que el pasado 17 de septiembre, el grupo parlamentario Unidas Podemos, registró una serie de preguntas para que la ministra de Ministerio de Defensa, Margarita Robles, clarificara cuáles son las medidas que va a poner encima de la mesa el Gobierno Estatal para que estas mujeres y hombres recuperen sus salarios y, sobre todo, cuáles son los mecanismos de control del Ministerio de Defensa para que tengamos una gestión transparente de todas las concesiones. Pero, “aún seguimos sin recibir respuesta”.

Es por ello que el grupo provincial Adelante Cádiz insta al Ministerio de Defensa a que “proporcione una solución inmediata a esta situación, rescindiendo el contrato con esta empresa sin que se contemple la posibilidad de una prórroga y garantizando la subrogación de los y las trabajadores en la próxima empresa que asuma este servicio”, así como a “estudiar la posibilidad de recuperar el servicio y a asumirlo directamente, con el compromiso de integrar a los y las trabajadores que vienen prestando estos servicios, caminando así hacia el fortalecimiento de lo público frente a la privatización y precarización de los servicios”.

De la misma manera, se pide a Defensa que “cese en los pagos sujetos a la presente concesión debido al incumplimiento de los derechos laborales” y que “rescinda el contrato con la empresa Dulcinea Nutrición S.L, garantizando el cobro de la deuda por parte de los y las trabajadoras”.

Atención a la drogodependencia
De igual forma, los diputados provinciales José María González y Antonio Romero han mantenido esta semana una reunión con representantes de las trabajadoras de los centros territoriales de atención a la drogodependencia tras el recorte de dos millones de euros a los 16 centros con los que cuenta la provincia.


Ambos diputados han mostrado su apoyo a las trabajadoras y han reivindicado la necesidad de que se mantengan esos fondos con la firma de los convenios, al tiempo que han alertado del “riesgo y el peligro” de que “tras estos recortes, se esconda la intención de abrir nichos de mercado en este campo”.  “Los centros territoriales de drogodependencias no se pueden quedar desatendidos, que además han sido fundamentales en nuestra provincia. Esto demuestra la falta de sensibilidad de este Gobierno andaluz”.

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