Dos profesionales sanitarios Algeciras y La Línea de la Concepción han sido víctimas de sendas agresiones en los últimos días, según señalan la Delegación Territorial de Salud y Familias en Cádiz y la Dirección del Área de Gestión Sanitaria del Campo de Gibraltar.
En un comunicado, ambas entidades han expresado su “repulsa y condena” a estos “episodios de violencia” contra profesionales a quienes trasladan “todo su apoyo”.
Según explica el comunicado, el suceso más reciente tuvo lugar el lunes en el hospital de La Línea, donde un médico de Urgencias fue agredido por una usuaria a la que atendía.
La mujer, añade la nota, fue detenida y se enfrenta a un juicio en el que la víctima está representada por la asesoría jurídica del Servicio Andaluz de Salud (SAS). La delegada de Salud y Familias, Isabel Paredes, contactó con este profesional “nada más conocer los hechos” para “ponerse a su disposición” y mostrarle “todo su respaldo y solidaridad”.
De otro lado, el pasado viernes un técnico de emergencias sanitarias sufrió la agresión de un usuario en el centro de salud del Saladillo, en Algeciras.
El usuario, explica el comunicado, había dejado su coche en la plaza destinada para ambulancia y, al no poder encontrar al propietario, desde el centro de salud llamaron a la grúa para que lo retirara.
Todo ello provocó la reacción violenta contra el profesional por parte del sujeto, que fue detenido por la Policía Nacional.
La empresa concesionaria de ambulancias ha aplicado su protocolo interno para estos casos y uno de sus abogados representa al trabajador agredido en el juicio.
La Delegación Territorial de Salud y Familias recuerda que agresión física o intimidación grave contra profesionales sanitarios en el ejercicio de su función pública asistencial viene siendo considerada como delito de atentado por los tribunales de justicia, y así se han dictado sentencias en estos casos, castigándose con penas de uno a tres años de prisión.
Desde la Consejería se están desarrollando nuevas medidas más efectivas para proteger a los profesionales sanitarios ante casos de agresiones en el desempeño de su actividad, con el impulso, incluso, de una ley autonómica para este tipo de hechos.
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