La Unión Sindical Barreña (USB) ha indicado que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) argumenta que no existe motivación suficiente para la adscripción forzosa de la trabajadora afectada y que por otra parte no puede ser considerada la pérdida sobrevenida del objeto porque la revisión jurisdiccional de la legalidad del Decreto de Alcaldía nº 2.527/2015, de fecha 14/12/2015, no puede ser evitada por la aprobación del posterior Decreto Nº 837/2016, de 29/04/2016, pues durante el periodo de vigencia del Decreto de 2.527/2015 ha podido generar efectos como así estima la Sentencia de instancia.
"En resumen, dice la Sentencia del TSJA de fecha 11/06/2019 que: “la movilidad forzosa no está motivada, porque no están justificadas las necesidades del servicio o funcionales, por lo que el traslado de la apelada fue arbitrario y desviado de la finalidad perseguida por la Ley que lo regula, por lo que el presente recurso -apelación del Ayuntamiento- debe ser desestimado y confirmada la Sentencia de instancia”.
"Las consecuencias de esta nefasta política de personal llevada a cabo por Jorge Romero e Isabel Calvente, es la anulación del Decreto de traslado forzoso por no ser ajustado a derecho, y en consecuencia, la trabajadora una vez que ha sido trasladada a su puesto de origen tras la ejecución provisional planteada, además, desde el punto de vista retributivo, el Excmo. Ayuntamiento de Los Barrios queda condenado al pago a la demandante de 3.352,41€ con motivo de las diferencias retributivas dejadas de percibir, más los intereses de demora que podrían rondar los 400€".
"Desde USB instamos a los responsables del Ayuntamiento de Los Barrios que han permitido ésta deleznable política de personal, a que den un giro radical con la finalidad de que en un futuro sea posible garantizar la paz social en un Ayuntamiento en el que no cesan de darse casos de desigualdades de trato, de arbitrariedades, donde no hay convenio desde hace 8 años para los funcionarios y donde han primado los intereses partidistas para generar divisiones internas entre colectivos de trabajadores con la finalidad de pisotear sus derechos".
"Desde USB nos congratulamos y felicitamos a la Asesoría Jurídica liderada por Dña. Teresa Vega Monroy, pues entendemos que los Tribunales de Justicia, una vez más, han puesto a los responsables de tal actuación administrativa en la senda de la legalidad y se verán obligados a de abonar los salarios dejados de percibir".
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