El primer teniente de alcalde, Jacinto Muñoz, ha explicado que en la Comisión Informativa y Ordinaria de Hacienda, Personal y Desarrollo Económico que se celebra cada lunes se han dado las explicaciones políticas por parte de su compañero Luis Ángel Fernández en el sentido de que el asunto publicado en los medios en nada afecta a la gestión política municipal.
En este sentido, Muñoz ha destacado que “es muy significativa la retirada del caso de la Fiscalía Anticorrupción, lo que implica que de las actuaciones llevadas a cabo no existe ninguna irregularidad administrativa ni en el Ayuntamiento ni en la Mancomunidad ni en ninguna otra Administración Pública”.
“A mayor abundancia, el Ayuntamiento y sus empresas públicas no han llevado a cabo ninguna contratación indefinida en estos años que no se haya producido por el correspondiente concurso-oposición con todas las garantías legales”, ha manifestado el también delegado de Personal.
El teniente de alcalde ha asegurado que “mi compañero Luis Ángel Fernández declarará ante el Juzgado por sus vinculaciones familiares con un implicado en un asunto judicial, pero en el momento actual no se le imputa la comisión de ningún tipo de delito”.
Así, “por razones obvias, ya que España todavía sigue siendo un Estado de Derecho, no puede realizar ningún tipo de manifestaciones públicas, antes de prestar declaración ante el Juzgado, pero se ha comprometido en la Comisión de Hacienda a que una vez preste declaración ante el órgano jurisdiccional, informará de este asunto, que insisto solo le afecta en su condición de padre, pero en modo alguno a su gestión política”, ha afirmado Muñoz.
Por último, el primer teniente de alcalde ha agradecido a los grupos políticos que se hayan dado por satisfechos con las explicaciones dadas por su compañero, retirando así la petición de convocatoria de Junta de Portavoces, ya que “en política no vale todo y no es justo utilizar un asunto familiar que ni siquiera ha sido juzgado para obtener ventajas políticas, ya que la presunción de inocencia es un derecho constitucional que también debería aplicarse a los familiares de los gestores públicos, que en modo alguno pueden considerarse responsables por las actividades de dichos familiares”.
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