La Guardia Civil ha retirado del mercado negro 3.050 armas de fuego y 335.000 cartuchos metálicos desde 2015, cuando puso en marcha un plan integral para controlar ese tráfico ilícito, que hasta ahora se ha saldado con 295 detenidos en 28 operaciones.
Son datos que el instituto armado ha ofrecido hoy en rueda de prensa para dar detalles de la última operación, el mayor golpe de los últimos años, asestado a finales de noviembre por el Servicio de Información en las comunidades de Asturias, Cantabria y Madrid, con 4 detenidos -tres de ellos en la cárcel ya-, 322 armas y 50.000 cartuchos intervenidos y 11 registros.
De las armas, 275 son cortas -pistolas y revólveres-, 34 rifles y escopetas, 12 de guerra (7 subfusiles, 4 ametralladoras y 1 fusil de asalto), 1 bolígrafo-pistola y 1 bastón-escopeta, estas dos últimas armas prohibidas.
Muchas de ellas, según han explicado los responsables de la Operación Golalde, podrían tener como destino las organizaciones criminales que operan en la Costa del Sol y el Campo de Gibraltar, delincuentes habituales e, incluso, células yihadistas y lobos solitarios.
Porque a diferencia de grupos terroristas como ETA, los yihadistas no cuentan con canales logísticos y recurren al mercado negro para suministrarse, dentro de su firme determinación de hacer la yihad bajo el lema "golpea donde puedas con lo que puedas", como han subrayado los investigadores.
Como ejemplo, el teniente coronel David Merchán, el capitán Fernando Castellanos y el teniente Juan Luis Aguiar han citado el atentado yihadista en Trèbes (Francia) del pasado mes de marzo, cuando murió el gendarme Arnaud Beltrame a causa de los disparos efectuado con una pistola de fabricación española de 1915.
Respecto a la Operación Golalde, dirigida por el Juzgado número 5 de Gijón, los investigadores han explicado que los detenidos traficaban con armas de fuego de distintas procedencias -españolas, israelíes, soviéticas o norteamericanas- e, incluso, aprovechaban algunas inutilizadas para ponerlas de nuevo en funcionamiento.
Fue a primeros de año cuando comenzó la investigación al detectar en internet a un falso coleccionista que vendía armas de fuego a precio muy superior al mercado, lo que llamó la atención de los agentes.
De hecho, si un arma corta nueva puede costar en el mercado legal, adquirida siempre que se tenga licencia, entre 400 y 500 euros y una usada 200, en el mercado negro se triplica este precio.
Los agentes localizaron a ese individuo, un hombre de 49 años que vivía en una pedanía de Gijón, al que se le había revocado la licencia de armas tras un episodio de violencia machista, por consumidor de cocaína y tener contactos en el narcotráfico.
Este hombre tenía 16 armas, todas ellas activas y entre ellas un fusil de asalto AK-47, dos UZI israelíes y un INGRAM americano, además de numerosa munición.
Gracias a las intervenciones telefónicas autorizadas por el juez, los agentes localizaron a otras dos personas implicadas, una en Torrelavega (Cantabria), que contaba con un taller clandestino para la rehabilitación y reactivación de las armas, y otra en Galapagar (Madrid), que había tenido relación con la seguridad privada y encargado de lograr clientes en esta comunidad.
Los agentes tiraron del hilo y localizaron, también en Gijón, a una cuarta persona más involucrada en la red. En un trastero acumulaba 211 armas -193 de ellas pistolas y revólveres-, más de 30.000 cartuchos metálicos de diferente calibre y 18 kilos de pólvora.
Además, este hombre tenía instalado en su domicilio un taller clandestino para la manipulación de las armas y la fabricación ilegal de munición.
No se ha detectado conexión alguna de este grupo con terroristas, pero sí con organizaciones dedicadas al tráfico de drogas y al robo.
Según la Guardia Civil, el primer contacto con el posible cliente se hacía a través de internet, pero después se pasaba a una relación en aplicaciones de mensajería encriptadas.
Los investigadores han observado durante la crisis un incremento de la venta de armas por parte de particulares en el mercado negro en lugar de entregarlas, aunque la mayoría de estas personas desconoce su destino final, ya que piensan que las adquieren coleccionistas.
Dentro del mercado negro español, la Guardia Civil estima que las armas cortas acaban en manos de delincuentes comunes, pequeños traficantes de droga para su seguridad e, incluso, personas que viven aisladas para protegerse.
Y lo que más preocupa es el uso de armas largas, más potentes y mortíferas, por parte de los grupos criminales que actúan en la Costa del Sol y en el Campo de Gibraltar, pero también que se desvíen a células yihadistas.
Han reconocido los investigadores que en España es difícil conseguir un arma por su legislación restrictiva, pero hay otra países de nuestro entorno donde la normativa es más laxa. Por ello, consideran que la UE debería tener una legislación armonizada en esta materia.
Ahora, las armas incautadas pasarán al servicio de balística de la Guardia Civil, al que le queda una arduo trabajo para comprobar su procedencia y si han sido usadas en algún delito.
Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es
