El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha mantenido una reunión con Roberto Feijóo y Lola Ríos, en representación de la plataforma sindical formada por ACAIP, CSIF, UGT, CIG y CCOO, convocante de la huelga general de los funcionarios de prisiones.
Landaluce ha hecho un llamamiento a reconocer la importancia de estos trabajadores en cuanto a la seguridad y la protección de la sociedad, en tanto que supone quienes abordan la reinserción de los presos y los custodian durante la condena. “Debemos valorar tanto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que hacen una magnífica labor en la calle, como a quien después va a convivir con los reclusos durante meses o años”, recordando además el regidor a las seis víctimas de ETA que pertenecen a este cuerpo.
Los representantes sindicales han solicitado al alcalde que traslade a sus compañeros del Senado las principales reivindicaciones que le han planteado como la necesidad de cubrir las 3.400 plazas vacantes que existen en los 84 centros de todo el país. De ellas y según la Relación de Puestos de Trabajo, hay 59 vacantes en el Centro Penitenciario de Botafuegos y otras 8 en el CIS de una RPT de 54 trabajadores. Esta circunstancia supone, según los representantes, que un solo funcionario esté al cuidado de 150 reclusos en un patio. Además, la plantilla está envejecida por la falta de nuevas incorporaciones y no se celebran desde hace años concursos de traslado, por lo que resulta difícil conciliar la vida familiar.
Cabe destacar que en Andalucía existen 14 centros penitenciarios y 7 centros de inserción social. En ellos, otra de las principales reivindicaciones es ser reconocidos como agentes de la autoridad y que se les dote de un nuevo uniforme, en tanto que el suyo es “inadecuado” para la labor que realizan.
Además, denuncian una carrera profesional y una formación nulas, dándose la circunstancia de que deben apagar incendios sin saber utilizar los medios de que disponen para ello o tratar un nuevo modelo de terrorismo como el yihadista sin tener una formación específica para esta cuestión.
Finalmente, los sindicatos han trasladado al alcalde la “falta de respeto” que ha tenido el Gobierno, en tanto que el 25 de septiembre el secretario general de Instituciones Penitenciarias les presentó una propuesta económica de reclasificación de centros penitenciarios valorada en 122 millones de euros y reducir la brecha salarial, propuesta que fue retirada por el propio secretario general tres días más tarde al no contar con autorización de Función Pública y provocando la que se sitúa como la primera huelga general en prisiones.
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