La Marea Blanca gaditana ha querido mostrar su opinión respecto a toda la polémica que rodea a la empresa de hospitales José Manuel Pascual Pascual, SA.
Así, ante la resolución emitida por el Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, en relación al expediente sancionador ES-08/2016 presentado por el Servicio Andaluz de Salud (SAS),sobre la conducta de la citada empresa, indican que “valoramos muy positivamente el paso dado por el SAS al presentar la denuncia mencionada ante el Consejo de Defensa de la Competencia y animamos a la Consejería a seguir trabajando en ese sentido”.
“Estos hechos son especialmente relevantes para la provincia de Cádiz, ya que el grueso del concierto entre el SAS y Pascual, objeto del conflicto, se centra en el uso público de los Hospitales que esa empresa posee en el Puerto, Sanlúcar y Villamartín”.
El Consejo reconoce dos prácticas restrictivas de la competencia realizadas por esta empresa en el periodo que abarca desde febrero de 2014 hasta junio de 2016, primero planteando exigencias ilegales al SAS para continuar el concierto, y, después, “aumentando arbitrariamente los precios del concierto existente cuando la Consejería no accede a dichas exigencias, usando para ello su posición de dominio de mercado”.
Por este medio, la resolución establece que la empresa ha obtenido en ese periodo un beneficio ilícito de más de 164 millones de euros. A estas cantidades, “habría que sumarles los beneficios entre junio de 2016 y junio de 2017, que la resolución no calcula y que podrían incrementar la cifras a más de 200 millones de euros”, señala la Marea Blanca para añadir que “este beneficio se encuentra muy por encima de los costes soportados por la empresa, así como muy por encima también de los precios de mercado”. Por estos motivos, la resolución sanciona a Pascual por 5,33 millones de euros.
“Si la empresa Pascual ha cobrado alguna cantidad por encima del precio de concierto", la Marea Blanca exige su devolución a las arcas públicas.
Marea Blanca explica en un comunicado que “el durísimo posicionamiento del Consejo sobre los hechos probados en su extensísimo informe, desvela un conflicto más de una larga serie, enla que, estas situaciones vienen repitiéndose en nuestra provincia desde hace tiempo, generando la empresa Pascual de manera artificial la necesidad de servicios, y obligando posteriormente a contratar los mismos, previa amenaza de retirarlos, y echar encima de la administración sanitaria a los usuarios de los territorios dónde pretenden operar y a sus trabajadores, consiguiendo permanentemente cumplir sus objetivos. Actualmente, la historia se repite con las urgencias no concertadas de San Rafael. Con esta conducta, la empresa viene ocasionando un alto perjuicio económico y un elevado nivel de inquietud social a la población de los territorios dónde actúa”.
Ante esta situación Marea Blanca gaditana quiere reclamarle a la administración sanitaria andaluza “responsabilidad ante las perversas actuaciones de esta empresa”, y le solicita que “rompa de una vez con la misma”.
Para ello desde Marea Blanca gaditana se pide que “se comience a trabajar en la construcción de los recursos propios de prestación sanitaria especializaday hospitalaria que sean necesarios, para sustituir losque hasta ahora se vienen concertando con la empresa Pascual en El Puerto de Santa María, Sanlúcar de Barrameda y Villamartín, que según estimaciones del propio SAS, que constan en el expediente, calcula en 45 meses desde el inicio de las actuaciones”.
También defiende la Marea Blanca que “la prestación de servicios de empresas privadas sean siempre complementarios a los servicios prestados directamente por el Sistema Sanitario Público, ante picos de demanda o situaciones coyunturales dónde no pueda haber en ese momento cobertura pública”.
Por último, “aunque confiamos enque el SAS no haya pagado a la empresa Pascual los sobreprecios denunciado por la administración sanitaria y reconocidos por el Consejo de Defensa de la Competencia”, la Marea Blanca gaditana exige que “en ningún caso se paguen cantidades por encima de los precios de concierto y que se reclamen las devoluciones pertinentes, en caso de haberse abonado alguna de las cantidades señaladas con sobreprecios”.
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