El Colegio de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta reiterado su petición de “soluciones para la alarmante situación de la Justicia Social en el Campo de Gibraltar”.
El presidente de esta corporación, José Blas Fernández Sánchez, ha mostrado su “satisfacción por el proyecto anunciado ayer por el que se concentrarán en dos únicas sedes los cuatro juzgados de lo Penal, el Juzgado y la Fiscalía de Menores y el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria”.
No obstante, Fernández ha alertado sobre la situación de “parálisis total de los juzgados de lo Social en Algeciras, que es “insostenible” y aboca a “una comarca entera a estar sin Justicia Social”.
En este sentido, ha indicado que “la titular del Juzgado número 2 de lo Social en Algeciras, María Teresa Vidaurreta Porrero sigue, desde su nombramiento en diciembre pasado, sin disponer de una sede propia donde poder desarrollar su trabajo”.
“Esta comarca necesita con urgencia que se solucione de manera definitiva la falta de recursos relativas a la Justicia Social, que han estado en el último año en situación de parálisis”, ha añadido el presidente del Colegio de Graduados Sociales. “Pedimos celeridad para poder cumplir con el objetivo de adecuar la planta judicial a las necesidades existentes garantizando a los ciudadanos la efectiva protección de sus derechos”.
En ese sentido, José Blas Fernández ha reclamado que el actual y el futuro juzgado se ubiquen en un mismo edificio. “El Ministerio de Justicia y Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía deben trabajar codo con codo para que ambos juzgados estén operativos cuanto antes y puedan coordinar la puesta al día de los señalamientos de juicios y la demora en las sentencias”, ha apostillado el presidente del Colegio.
“La falta de recursos ha provocado en los últimos meses retrasos en los señalamientos de juicios y la posterior demora en las sentencias. La situación del único juzgado existente actualmente en la comarca campogibraltareña es de bloqueo, debido a la acumulación de casos pendientes, los retrasos en las vistas y el colapso en las ejecuciones de las sentencias”, concluye.
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