El teniente de alcalde delegado de Asuntos Sociales, Helenio Lucas Fernández, ha participado hoy en Sevilla en una sesión informativa convocada por consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía para explicar los cambios que introduce el Decreto-Ley regulador de la Renta Mínima de Inserción Social (RMISA), que entró en vigor el pasado 1 de enero.
Esta norma supone un nuevo modelo de atención y cobertura social basado en criterios de universalidad y medidas de acción positiva a familias con menores de edad a su cargo, unidades familiares monomarentales o monoparentales y víctimas de violencia de género.
Helenio Fernández explica que cambiará todo el sistema de concesiones de ayudas utilizados hasta la fecha, por lo que la delegación de Asuntos Sociales deberá afrontar un cambio organizativo importante para adaptar los medios de los que dispone y formar a sus técnicos.
Entre las novedades que introduce la nueva reglamentación, la percepción de la renta básica se ampliará a doce meses con la posibilidad de solicitar ampliaciones sucesivas de seis meses mientras se mantengan las condiciones que motivaron la concesión y el cumplimiento de requisitos y obligaciones. Será más accesible para adaptarse a la realidad sociológica actual y permitirá, por ejemplo, en una misma unidad de convivencia que haya dos unidades familiares percibiendo la renta mínima. No se tendrán en cuenta para el cálculo de la prestación la propiedad de la vivienda habitual, las prestaciones por hijos a cargo, pensiones de orfandad, remuneración por acogimiento, pensiones de alimento y por dependencia. Tampoco computarán las becas, los ingresos procedentes de asistencia a cursos y contratos de formación para jóvenes, los inmuebles declarados en ruinas y las ayudas públicas para vivienda habitual.
Por otra parte, se considera como una prestación garantizada un nuevo derecho subjetivo de ciudadanía que incorpora un itinerario a través de un plan de inclusión sociolaboral por cada unidad familiar. Este plan será elaborado a través de medios telemáticos por los servicios sociales comunitarios del municipio donde resida la persona perceptora, junto con el Servicio Andaluz de Empleo.
En lo que concierne a las competencias de los ayuntamientos, los Servicios Sociales Comunitarios serán quienes detecten a las personas en situación de pobreza, exclusión social o en riesgo de estarlo, y harán el diagnóstico de sus necesidades y potencialidades.
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