El subdelegado del Gobierno en la provincia de Cádiz, Agustín Muñoz Martín, recuerda al alcalde de San Roque que “a todos los efectos” es el Ayuntamiento de esa localidad el concesionario autorizado por la Junta de Andalucía para extraer arena de la desembocadura del río Guadiaro para rehabilitar la playa de Sotogrande.
Muñoz Martín subraya que para renunciar a la concesión autorizada en mayo de 2014 debe trasladar dicha voluntad justificada a la Junta de Andalucía, que es la administración a la que le corresponde la gestión de las concesiones administrativas en espacios de Dominio Público Marítimo-Terrestre en virtud de las transferencias del Estado a la comunidad autónoma en 2011. Y es la administración autonómica la que deberá pedir a la Demarcación de Costas informe preceptivo, “lo que en ningún momento se ha producido”, por lo cual, la concesión administrativa y la administración autorizada para extraer arena sigue siendo la municipal de San Roque.
Una vez se cumplimente todo el proceso, deberá ser la Junta de Andalucía la que deba declarar caducada la concesión, lo que supondrá una serie de actuaciones administrativas ya previstas en el propio pliego de concesión. Es la declaración de caducidad de la concesión el único acto administrativo que puede entenderse como que ha habido una renuncia expresa de la concesión otorgada.
El subdelegado manifiesta que “de ningún modo” pretende abrir frente político alguno con el Ayuntamiento de San Roque, “ya que aquí lo que interesa a todas las administraciones es trabajar al unísono y en la misma línea”. Aún así, Agustín Muñoz sí precisa que “es necesario dejar bien a las claras cuáles son los procedimientos a seguir y qué responsabilidades, competencias y hasta dónde pueden llegar en cada caso”, considerando además que situaciones como la actual en el caso del río Guadiaro “todos los años se repite y ya resulta redundante insistir en el papel que cada administración tiene en este caso, pero parece que aún hay quien no conoce o no está bien informado del procedimiento a seguir”.
Agustín Muñoz sostiene que “el Ayuntamiento de San Roque es consciente de su responsabilidad para extraer la arena que precise Sotogrande”, aclarando que, por su parte, es la Junta de Andalucía, con competencias medioambientales plenas desde 2011 incluidas la ejecución de obras, “la responsable de actuar en la desembocadura en caso de producirse un problema medioambiental”.
La concesión administrativa
El Ayuntamiento de San Roque pidió a la Junta de Andalucía el 3 de mayo de 2011 la concesión para proteger el frente litoral de la zona de playa anexa a la desembocadura del río Guadiaro. Para ello, contemplaba la construcción de dos espigones para ampliar la playa en primer lugar y, seguidamente, proteger las viviendas colindantes. La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía el 5 de mayo de 2014 notificó al Ayuntamiento sanroqueño la resolución por la que se le otorga la concesión administrativa para la ocupación del Dominio Público Marítimo-Terrestre para la construcción de los espigones. En la resolución de la administración autonómica también se contemplan las obras complementarias de aporte de arena de modo progresivo en el tiempo.
“Desde la Administración General del Estado –afirma el subdelegado del Gobierno- hemos colaborado en todo momento y así seguirá siendo, pero cada administración debe hacerse responsable de sus actuaciones, y mientras no se cumplimente la tramitación por completo por el Ayuntamiento ante la Junta de Andalucía, dicha concesión administrativa sigue plenamente vigente”.
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