Campo de Gibraltar

Comienza el proceso para regularizar 15.000 viviendas ilegales

A los que no tengan recursos económicos se le podrá imponer una carga registral

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  • Mila Abelleira junto a un amigo en su vivienda ubicada en el camino del Manzanares, zona que debe regularizarse. -
  • Termina la redacción de las ordenanzas que regirán el procedimiento y que se esperan aprobar este mismo mes de julio
  • El Ayuntamiento faseará las obras y dará mayores facilidades de pago a los vecinos
La Gerencia Municipal de Urbanismo ha concluido la elaboración de las Ordenanzas para la regularización de las aproximadamente 15.000 viviendas ilegales incluidas en las Áreas de Gestión Básica (AGB), según anunció ayer la delegada del ramo, Cándida Verdier.

La edil explicó que el proceso ha sido “muy complejo”, pero que el documento final recoge todos los compromisos que el equipo de Gobierno adquirió con los vecinos. Verdier se negó a dar datos técnicos del contenido de las ordenanzas, ni precios del metro cuadrado, ni plazos, ni obras contempladas, argumentando que deben ser los propios interesados los que conozcan de primera mano el documento y no a través de los medios de comunicación. No obstante, sí adelantó que este nuevo texto incluye más facilidades para los vecinos que el que intentó aprobar sin éxito el anterior equipo de Gobierno que presidía Ernesto Marín. Así pues se ha incorporado el faseado de las obras, de manera que primero se instalen los servicios básicos (luz y agua) y en fases siguientes lleguen otros como teléfono, gas natural, jardines, etc. De esta forma los vecinos no tendrán que asumir de una sola vez todos los costes.

Igualmente, estas ordenanzas contemplan mayores facilidades de pago para los afectados. El Ayuntamiento permitirá que los propietarios de las viviendas ilegales paguen a plazos los costes de regularización hasta saldar la cuantía completa, aunque las ordenanzas establecen una serie de condicionantes que la delegada no quiso adelantar. Lo que sí confirmó es que en aquellos casos en los que los vecinos no tengan recursos económicos, se recoge la posibilidad de imponer una carga registral sobre las parcelas y las casas, aunque sólo se permitirá aplazar de este modo un tanto por ciento del coste total de la legalización y durante un tiempo limitado. De esta manera el propietario no podrá vender la vivienda sin saldar antes la deuda. “Hay diferentes situaciones previstas y a las que se les da solución”, apuntó Verdier.

Con facilidades como las anteriores, el Ayuntamiento intenta solucionar el problema que plantea siempre la regularización: que muchos dueños se niegan a legalizar sus casas por el alto coste que supone. A la espera de que se conozcan los precios que contemplan las nuevas ordenanzas, sirva de ejemplo que las impulsadas por el anterior Gobierno estimaban un coste de entre 20 y 36 euros netos por metro cuadrado en función de la zona. Así por ejemplo, el propietario de una parcela de 1.000 metros en el Llano de las Maravillas (el área más económica) habría de abonar 20.000 euros por la instalación de servicios básicos, mientras que uno de las Majadillas Altas (donde el precio es más elevado) tendría que asumir un coste de 36.000 euros.
No obstante, las ordenanzas contemplan medidas legales para que ningún vecino pueda negarse a legalizar su vivienda.

Este marco jurídico se aplicará en los terrenos clasificados por el vigente Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) como suelo urbano no consolidado. Las Áreas de Gestión Básica son las siguientes: Majadillas Bajas; El Marquesado; Dehesilla-Majadillas Alta; avenida de La Barrosa-Noroeste; Pinares de Chiclana; Pago del Humo; Llano de las Maravillas-Hozanejos; Quintas-Sotillo y Avenida del Mueble. En total, una superficie de 18 millones de metros cuadrados.

El objetivo del equipo de Gobierno municipal es entregar de inmediato el contenido de las ordenanzas a los representantes vecinales, así como a los partidos de la oposición.

El equipo de Gobierno espera obtener el visto bueno de los vecinos, con el fin de que el documento pueda ser aprobado en el presente mes de julio, en el Pleno que se llevará a cabo el día 30.
Verdier destacó que el proceso de regularización es “impensable” sin la intervención vecinal, de ahí que el primer paso, una vez concluidos los trabajos técnicos, sea poner en manos de ellos las ordenanzas.

No es la primera vez que este proceso de regularización intenta ponerse en marcha, aunque en anteriores ocasiones sin éxito. “Creemos que este sí es el momento definitivo. La situación urbanística está cambiando, se han endurecido los criterios de la Fiscalía y de las administraciones y los ciudadanos están asumiendo que en su propiedad no pueden hacer lo que les da la gana”.

La delegada confía incluso en que este proceso sirva “de modelo” para otros ayuntamientos en la misma situación. De hecho, dice, “ya hay algunos que se han interesado”.

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