El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata investiga el pago de posibles comisiones por parte de la empresa Fitonovo a dos exalcaldes socialistas de Algeciras a cambio de la adjudicación de un contrato para la construcción y explotación de un polideportivo.
En un auto fechado el 4 de abril, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 acuerda así abrir una pieza separada de la causa que investiga el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla sobre presuntas comisiones ilegales pagadas por la mencionada sociedad.
Según el auto de De la Mata, los directivos de Fitonovo José Antonio González Baro, Emilio de la Cruz Gil y Carlos de Lecea Machado, así como el empleado Pablo Pérez Benedicto, habrían prometido el pago de comisiones al delegado de Construcción y Urbanismo y posterior alcalde Diego Sánchez Rull y a Tomás Herrera Hormigo, concejal que también fue regidor, a cambio de la adjudicación del contrato.
De hecho, el juez subraya que a Sánchez Rull le fueron entregadas al menos dos comisiones de 130.000 y 18.000 euros por medio de un intermediario, Ángel Francisco Cárdenas Rodríguez. En total, las cantidades entregadas por Fitonovo --tal y como constaría en la contabilidad de su caja B-- habrían ascendido a 279.360 euros y fueron entregadas entre el 25 de mayo de 2010 y el 15 de septiembre de 2011, según el auto.
El contrato para la construcción y explotación del polideportivo 'El Calvario' de Algeciras fue asignado a la empresa Body Factory Gestión, cuyas acciones pertenecían el 49 por ciento a Fitonovo y el 51 por ciento a Body Factory Franquicias.
Esta adjudicación, según De la Mata, se habría producido por una "valoración fraudulenta de los criterios expuestos en el pliego de condiciones en virtud de los informes técnicos". Y, además, el magistrado apunta que "existe constancia" de que semanas antes de la aprobación del contrato, en junio de 2010, habría habido un encuentro de Fitonovo con el entonces director técnico de Urbanismo de Algeciras, José Álvarez Ruiz, así como con el alcalde y el delegado de Urbanismo.
Diez investigados
Así pues, en esta pieza separada el juez De la Mata investiga a los exalcaldes Sánchez Rull y Herrera; el intermediario Ángel Francisco Cárdenas; el ex arquitecto municipal José Guillermo Alberola; el ex director técnico de Urbanismo José Álvarez Ruiz; el excoordinador del Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento Francisco Javier Malla; los directivos de Fitonovo Emilio de la Cruz, Carlos de Lecea, Randy Sharberg; y el que era el administrador de Body Factory Franquicias Ángel García Balcones.
Entre sus primeras actuaciones, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional ha citado a declarar el próximo 25 de abril a las 10,00 horas a Ángel Francisco Cárdenas, el señalado por el juez como el presunto intermediario que entregó al menos dos comisiones.
Por estos hechos tiene por imputados en esta pieza, además de a los dos alcaldes, al que fuera coordinador del patronato municipal de Deportes del Ayuntamiento Francisco Javier Malla Calvente, que dio "por buena" la valoración de la mesa de contratación en la adjudicación fraudulenta del concurso
Lo mismo sucede con José Guillermo Alberola y José Álvarez, arquitecto municipal y director técnico, respectivamente, de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento en la fecha de los hechos y quienes, según el juez, intervinieron "activamente" en la mesa de contratación a la concesión de la citada adjudicación.
A los imputados se suman los directivos de Fitonovo Emilio Antonio Tomás de la Cruz y Carlos de Lecea, así como el comercial de la empresa Randy Sharberg.
Además figura Ángel Luis García Balcones administrador único de la sociedad Body Factory, con la que Fitonovo constituyó la sociedad Body Factory Gestión, y el intermediario Ángel Francisco Cárdenas, persona de confianza del exalcalde Sánchez Rull.
La Audiencia Nacional asumió el caso en julio de 2015 porque consideró que esta red corrupta, con 96 imputados, ha causado una "grave repercusión" a la economía nacional al afectar a más de una comunidad autónoma, y además conlleva una "compleja instrucción" por el elevado número de personas involucradas.
En el caso se investigan comisiones por parte de Fitonovo a cambio de contratos, que habrían causado perjuicios a instituciones públicas de Andalucía, Extremadura, Aragón, Comunidad Valenciana, Cataluña, Canarias y Madrid, y también al Ministerio de Fomento, a los ayuntamientos de Sevilla, Algeciras y La Carolina (Jaén) y a la empresa pública Adif.
El juez sostiene que la dirección de la empresa "creó una infraestructura, tanto operativa como contable, destinada a obtener contratos públicos irregulares" mediante "una red de funcionarios corruptos que les facilitaban dicha contratación", y habilitó asimismo una "caja B que se nutría de facturación falsa" para pagar sobornos a empleados públicos de todo tipo y también a políticos.
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