La Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarias de Buques (Anesco) ha manifestado su disposición al diálogo con los sindicatos de estibadores, después de que el Gobierno instara esta tarde a ambas partes a sentarse a negociar.
El Ministerio de Fomento ha anunciado que está dispuesto a retrasar hasta el Consejo de Ministros de la semana que viene la aprobación del Real Decreto Ley de reforma de la estiba, impuesta por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, para favorecer el diálogo, si los representantes sindicales y la patronal se sientan a negociar en la negociación colectiva y se desconvoca la huelga anunciada para los días 20, 22 y 24 de este mes.
Fomento ha recordado que los aspectos planteados por los sindicatos no tienen cabida en el real decreto, porque la Comisión Europea (CE) no lo permite, pero sí pueden abordarse por la vía de la negociación colectiva y, para ello, el Gobierno, y más en concreto el Ministerio de Empleo, ha ofrecido su mediación en la negociación.
Anesco, que ha dicho que está dispuesta a dialogar, como siempre ha hecho, y colaborar "para que pueda culminar con éxito el inevitable proceso de adaptación" del modelo de la estiba español a la sentencia europea de 11 de diciembre de 2014, ha considerado necesaria la participación en los encuentros del Ministerio de Empleo para que las negociaciones puedan fructificar.
Anesco, que se opone a la mayor parte de los elementos de flexibilización que figuran en el Real Decreto Ley, según Fomento, presentó ayer una serie de propuestas de carácter jurídico en relación con el borrador de la reforma de la estiba, entre ellas las relacionadas con el tiempo de adaptación de los convenios sectoriales al texto legislativo.
La patronal considera que el año otorgado es innecesario para aquellas cláusulas contrarias a la Ley puesto que estos acuerdos deberían quedar adaptados de forma automática con su entrada en vigor.
Los empresarios han mostrado también su inquietud por la situación de desigualdad competitiva en la que quedarán los actuales operadores con relación a los que se establezcan a partir de la entrada en vigor.
Además, la patronal de la estiba considera también que los 3 años planteados por el Ministerio para llevar a cabo la reforma no guardan coherencia con la urgencia propia de la tramitación del Real Decreto.
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