El grupo municipal de Algeciras Sí Se Puede (ASSP) califica de “catástrofe” el auto del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que ordena la demolición del parking Escalinata y desestima la oposición interpuesta en su día por el Ayuntamiento, considerando que se trata de “una herencia más de la desastrosa política urbanística que PA y PP llevaron a cabo a finales de los noventa”.
El portavoz de la formación, Alejandro Gallardo, entiende que “una vez más, la Justicia señala la irregularidad de los desmanes urbanísticos que PP y PA llevaron a cabo en una época negra de la historia reciente de Algeciras”, y que este auto es “una losa más de esa pesada herencia que está cayendo sobre el bolsillo de las algecireñas y algecireños”.
Gallardo pone el acento en que “este mismo tribunal ya calificó como grotesco que se intentara pasar como subterráneo el parking al tomar como rasante la Plaza Alta. Es una vergüenza para toda la ciudad de Algeciras que el Ayuntamiento siga tratando de obstruir la labor de la Justicia en este sentido”.
El edil, además, recuerda que “el ahora alcalde, José Ignacio Landaluce, y el ahora delegado de Hacienda, Luis Ángel Fernández, fueron miembros de la Corporación que sacó adelante con sus votos esta canallada urbanística, que ahora vuelve como un fantasma del pasado”.
“Lo más grave de todo es que el auto del TSJA deja claro que será el pueblo de Algeciras el que tendrá que pagar las costas de aquellas irregularidades”, señala Gallardo, que ahonda en que “deben ser los
políticos que sacaron adelante aquel despropósito los que asuman con su patrimonio el coste de este desastre, entre ellos José Ignacio Landaluce y Luis Ángel Fernández”.
“En pocos días estamos viendo como aquella política urbanística a la que tanto se aficionó el PP y el PA está regresando en forma de amenaza a las arcas municipales, con asuntos judiciales como el del parking de Fuerzas Armadas o la sociedad Somixur y la parcela situada frente al centro documental José Luis Cano”, apuntan desde ASSP.
Para la formación, “estos problemas heredados del pasado de Landaluce y Fernández no hacen sino aumentar la sombra que se cierne sobre las ya desgastadas arcas municipales, con una deuda viva que sobrepasa los 182 millones de euros”.
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