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28/11/2021  

Campo de Gibraltar

El SAT aboga por un servicio de dependenci público en Jimena, Castellar y Tarifa

La concesión a la empresa Clece finaliza en agosto

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El Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) se ha pronunciado respecto a que “dentro de unos meses, en concreto agosto, se cumple la concesión a Clece, que está integrado por trabajadoras de Tarifa, Castellar y Jimena de la Frontera”.

“La actual Ley en vigor sobre la gestión de la administración local, no permite que los ayuntamientos menores de 20.000 habitantes puedan gestionar Servicios como el de la Ley de la Dependencia, siendo esta una responsabilidad de la Diputación”, explican.

Añaden que “esta Ley que se aprobó el 20 de Marzo del 2006, entró en vigor el 1 de Enero de 2007, un servicio que comenzó siendo gestionado por los ayuntamientos a través de fondos públicos. Fue a finales del 2010 cuando varias Diputaciones, entre ellas la de Cádiz, quienes mediante una maniobra política ofrecieron a los municipios o bien cederlo a lo privado o que se siguiera tal y como se venía haciendo desde primeros del 2007”.

“Todos aquellos ayuntamientos que estuvieron de acuerdo con la privatización del Servicio (que fueron en una gran mayoría y todos gobernados por PP y PSOE), dieron lugar a la pérdida de derechos laborales y la precariedad en muchas de sus trabajadoras. Cabe recalcar que varios municipios andaluces prefirieron continuar con la gestión pública”, alegan.

Afirman que están “completamente seguros de que si de verdad existe voluntad política para llevar a cabo el rescate del servicio de la Ley de la Dependencia, con ello las trabajadoras ganarán en derechos y lo más importante, estos fondos no volverían a ser gestionados desde lo privado, sino que se haría desde lo público. Nos oponemos a que una parte de nuestros impuestos queden en manos de empresarios-especuladores”.

Desde las Uniones Locales del Sindicato Andaluz de Trabajadores de Jimena y de Castellar de la Frontera, exigen a la Diputación “la recuperación a lo público del servicio de la Ley de la Dependencia”.
“Las trabajadoras como los usurarios atendidos, son personas y nunca deben ser una mercancía con la que negociar o lucrarse desde lo privado”, concluyen.

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