El presidente en funciones de la Federación de Empresarios del Campo de Gibraltar ha recibido el respaldo unánime de la Asamblea para proceder a su liquidación y disolución.
Se ha acordado también la creación de una comisión interna que será la encargada de gestionar el proceso de liquidación y disolución de la Federación de Empresarios del Campo de Gibraltar, antes del 31 de diciembre de 2015.
La Federación de Empresarios del Campo de Gibraltar, no obstante, mantendrá la acción judicial emprendida, por la que se le solicita al presidente ejecutivo de la Confederación de Empresarios de Cádiz, Javier Sánchez, "que aporte las pruebas documentales sobre las acusaciones contra la FECG en la que se basó para impulsar la expulsión de dicha organización, ya que al día de hoy aun no la han aportado".
En paralelo, por parte de la comisión liquidadora se estudiará en los próximos días la conveniencia o no de pedir por la vía judicial la impugnación del acuerdo de expulsión de la Federación de Empresarios del Campo de Gibraltar, promovido por el presidente ejecutivo de la CEC, Javier Sánchez, y exigir los daños y perjuicios que se hayan podido producir derivados de su acción.
Para el presidente en funciones, Fernando Gil, "la Federación de Empresarios del Campo de Gibraltar, insisto, se liquida y disuelve por la decisión voluntaria de causar baja, anunciada por la AGI y AESBA". Apunta que "el motivo de causar baja de la FECG de estas organizaciones haya sido la expulsión unilateral de la CEC, promovida por Javier Sánchez Rojas, eso habría que preguntárselo a ellas”.
“La Federación de Empresarios del Campo de Gibraltar, no se liquida y disuelve por que haya incumplido con sus compromisos con la CEC, tal y como se empeña en mantener, sin ninguna prueba documental, Javier Sánchez Rojas, de hecho a día de hoy sigue sin aportar ni a nosotros ni a los medios de comunicación pruebas que avalen sus acusaciones”, insiiste el presidente en funciones.
Y concluye: “Javier Sánchez Rojas, ha manipulado conscientemente a la CEC, a través de sus órganos de gobierno, forzando el respaldo de estos a una decisión injusta, imprudente e irresponsable como la que sigue empecinado en llevar a cabo. Lo prudente e inteligente hubiese sido convencer a la AGI y AESBA de que se afiliasen directamente a la CEC, y causaran posteriormente baja de la FECG a cambio de los mismos privilegios y tener que llegar a utilizar acusaciones falsas contra la FECG para finalmente provocar su desintegración”.
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