Cooperación Alternativa y Agaden han remitido un escrito a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para que “insista en la solicitud que dicha comisión hizo a la Junta de Andalucía, para que realizase estudios epidemiológicos en el Campo de Gibraltar ante la grave situación que padece”.
La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PE), en abril de 2010, recomendó a la Junta de Andalucía la realización de estudios que aclarasen las causas del elevado índice de casos de cáncer entre los habitantes del Campo de Gibraltar y el Peñón. Aunque no existía obligación jurídica de realizar los estudios epidemiológicos, el Parlamento Europeo señaló que sí sería importante llevarlos a cabo ante la gravedad de lo que está en juego para la población. La comisión volvió a pedir en febrero de 2011 que le presentase nuevos estudios epidemiológicos, sin embargo, la Junta de Andalucía ha ignorado dicha petición, haciendo gala de una dejadez e irresponsabilidad mayúscula.
Ambas organizaciones piden en su escrito a la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, que “reitere dicha solicitud, y además, solicitan la intervención del Comité Científico de los Riesgos Sanitarios y Medioambientales, y/o del Comité Científico de los Riesgos Sanitarios Emergentes y Recientemente Identificados del Parlamento Europeo, para que realicen un dictamen relativo a los riesgos para la salud pública y medio ambiente del campo de Gibraltar, teniendo en cuenta la falta de estudios y evaluaciones que hay al respecto y dada la gravedad y persistencia de la situación medioambiental y sanitaria de la comarca”.
La información social, económica, laboral y sanitaria de la que actualmente se dispone sobre la comarca del campo de Gibraltar, es “en muchos aspectos muy escasa y limitada y en otros casos inexistente, por lo que difícilmente sin la realización de otros estudios se pueda descartar o medir la influencia de la industria en la alta motalidad de la zona y en la elevada tasa de cancer. Aspectos como los riesgos potenciales asociados a la interacción de los factores de riesgo, los efectos sinérgicos de los contaminantes del aire, los efectos acumulados, los riesgos de los campos electromagnéticos derivados de las lineas de alta tensión, etc, no han sido estudiados. En el Campo de Gibraltar a pesar de albergar uno de los polígonos industriales más grandes y contaminantes de España no se ha hecho ningún estudio epidemiológico que se circunscriba al ámbito laboral”.
Además, Agaden y Cooperación Alternativa estudian “invocar el principio de precaución, ante la falta de una evaluación científica completa y el grado de incertidumbre científico sobre la relación de la contaminación industrial y la ata mortalidad y morbilidad de esta zona. El principio de precaución permite reaccionar ante un posible peligro para la salud humana y para proteger el medio ambiente. De hecho, en caso de que los datos científicos no permitan una determinación completa del riesgo, el recurso a este principio permitiría establecer una moratoria industrial o impedir la instalación de nuevas industrias contaminantes que puedan entrañar un peligro para la salud”.
“No podemos olvidar que a pesar de la crisis de salud publica que viven los ciudadanos campogibraltareños, las administraciones públicas, Gobierno de España, Junta de Andalucía y ayuntamientos de Los Barrios, San Roque y Algeciras, siguen apostando por un desarrollo industrial para la comarca, teniendo proyectado la instalación de nuevas industrias contaminantes, que vienen a agravar la situación”, añaden.
Estas organizaciones entienden que “dada la imposibilidad actual de descartar científicamente los efectos de la contaminación atmosférica, procedente de la industrias y del trafico marítimo y terrestre, es necesario que se declare una moratoria industrial en la comarca en tanto en cuanto no se dispongan de datos científicos”.
“El principio de precaución se menciona en el artículo 191del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en la Ley 33/2011, General de Salud Publica de España y en la Ley 16/2011 de Salud Publica de Andalucía. Este principio pretende garantizar un elevado nivel de protección del medio ambiente mediante tomas de decisión preventivas en caso de riesgo”, recuerdan.
El dictamen realizado por la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) a encargo de la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, “dejó patente la escasa información de la que se dispone para realizar una identificación de los riesgos, y recomienda la realización de más estudios, En este dictamen se establece, que los logros de las ultimas décadas en cuanto a reducción de emisiones de la industria en la comarca, sin duda tienen una relación directa con la “mejoría” sanitaria a la que alude la SEE en dicho dictamen, por lo que es lógico pensar que la actividad industrial es uno de los determinantes de la sobremortalidad que afecta a los campogibraltareños, pero dicha reducción de la emisiones contaminantes, no sirve de nada si por otro lado se sigue incrementando la actividad industrial, el trafico marítimo y las instalaciones de carbón y almacenamiento de productos petrolíferos”, concluyen.
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