El objetivo es evitar un fuerte agravio comparativo con los ciudadanos que tributan conforme a lo establecido, dado que es con su dinero con el que se abona los gastos del suministro de agua a aquellas personas que defraudan. La detección del comportamiento irregular de estos individuos y las acciones para que abonen las cantidades no pagadas redundan, por tanto, en beneficio de la colectividad.
Protocolo de actuación
Chiclana Natural diseñó en 2007 un protocolo de actuación para proceder en caso de fraude, medida que se vio sustentada en la adquisición de medios tecnológicos adecuados para la detección de enganches ilegales. Desde entonces ha sido posible la localización de 59 fraudes. La cuantía equivalente a la totalidad del fraude detectado por los inspectores ascendería en estos dos años a más de 79.000 euros.
Los expedientes se elevan al juzgado desde el mismo momento en el que su cuantía supera el importe necesario para dejar de ser falta y toman consideración de delito penal. Por este motivo, se ha cursado al juzgado 26 abastecimientos fraudulentos, 7 de ellos se encuentran aún pendientes de la resolución judicial. De resolverse éstos favorablemente a la empresa municipal, supondría el cobro de una cantidad superior a los 37.000 euros.
Pago fraccionado
Si la voluntad del defraudador es la del pago de la deuda contraída a resultas del fraude, Chiclana Natural favorece el fraccionamiento del mismo. Este tipo de acuerdos se ha producido en diez casos de los 59 detectados.
Por otra parte, si el fiscal atisba indicios de delito, el procedimiento judicial ya no tiene vuelta atrás, por lo que, al margen de la responsabilidad civil en la que haya incurrido el infractor, se expone también a una multa. Así, ya se ha producido una sentencia condenatoria que acarreó para el demandado una sanción económica de 540 euros, amén de la responsabilidad civil, concepto éste último que había abonado y que se elevaba a 3.900 euros.
Cada vez que se detecta un nuevo caso de fraude, los inspectores de Chiclana Natural levantan acta en presencia de la Policía Local y posteriormente comunican la infracción a la Delegación Provincial de Industria de la Junta de Andalucía, como es preceptivo según el Reglamento Domiciliario del Agua. Al mismo tiempo presentan la pertinente denuncia ante la Guardia Civil.
Una vez que la denuncia llega a los juzgados la empresa municipal se persona como parte demandante. En aquellos casos en los que la cuantía del fraude supera los 400 euros será considerado delito.
Esta iniciativa por parte de Chiclana Natural de acudir a la vía penal cuando el importe de los fraudes es elevado es pionera en la provincia y una de las primeras en Andalucía.
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