El Gobierno español ha recordado que Gibraltar es "una colonia cuyas relaciones exteriores las asume Reino Unido", tras tener conocimiento de que el Peñón ha iniciado el procedimiento para dotarse de una Ley de Referendos, que permitirá a los gibraltareños pronunciarse sobre asuntos domésticos, pero también sobre política internacional.
Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación ha señalado a Europa Press que España "no entra a valorar la legislación interna gibraltareña", pero ha querido dejar claro que el estatus actual del Peñón "rompe la integridad territorial de España".
Exteriores ha reaccionado de este modo tras ser consultado por la Ley de Referendos que prepara el Peñón, y que dará potestad al ministro principal, Fabian Picardo, para convocar consultas sobre asuntos domésticos, pero también en materia de relaciones internacionales, según ha anunciado este lunes la oficina del ministro principal.
España, sin embargo, tiene claro que --con ley de consultas o sin ella-- es el Reino Unido quien asume las relaciones exteriores de Gibraltar, que es un territorio no autónomo incluido en la lista de la ONU de territorios sometidos a descolonización.
El portavoz de Exteriores ha añadido que la situación colonial de Gibraltar es "incompatible" con la resolución 1514 de Naciones Unidas sobre descolonización y ha advertido de que la ONU ha señalado "con claridad" que en el proceso de descolonización de Gibraltar "el principio que debe regir no es el derecho de autodeterminación, sino el de la restitución de la integridad territorial de España".
El número dos del Gobierno de Gibraltar, Joseph Garcia, ha avanzado este lunes que la nueva legislación permitirá al Ejecutivo convocar referendos sobre "asuntos internos", pero también en relación con "relaciones internacionales, como ocurrió en 1967 y 2002".
El referéndum de la cosoberanía
En 2002 los gibraltareños rechazaron el proyecto de cosoberanía negociado --pero nunca concretado-- por Reino Unido y España en un referéndum al que ni Madrid ni Londres dieron validez jurídica.
Cuatro años después, los 'llanitos' aprobaron en otro referéndum, éste sí aceptado por Londres, la nueva Constitución negociada entre la metrópoli y la colonia. La consulta se planteó como un acto de autodeterminación por las autoridades del Peñón, ya que establecía, en su opinión, una nueva relación no colonial con Reino Unido.
En aquella ocasión, el ministro británico de Asuntos Europeos, Geoff Hoon, precisó que el derecho de autodeterminación del pueblo gibraltareño está limitado por el artículo X del Tratado de Utrecht, que otorga a España el derecho de retrocesión del territorio si el Reino Unido renuncia a la soberanía del mismo.
Las autoridades de Gibraltar habían exigido a la metrópoli que respondiese a la pregunta de si la citada reforma constitucional suponía la aplicación del ejercicio de autodeterminación para el Peñón.
"La Constitución confirma el derecho de autodeterminación del pueblo gibraltareño. La realización de este derecho debe ser promovido y respetado en conformidad con las previsiones de la Carta de Naciones Unidas y otros tratados internacionales", señaló Hoon en su respuesta por escrito.
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