La secretaria general del PSOE de Algeciras y delegada territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Angelines Ortiz, ha sido llamada a declarar en calidad de testigo en relación con el llamado caso Bahía Competitiva, que investiga el presunto fraude cometido con las ayudas a la reindustrialización de la Bahía de Cádiz a través del plan que dio nombre al procedimiento.
Ortiz ha sido citada por el Juzgado de Instrucción 4 de Cádiz el 27 de febrero, a partir de las 11.00 horas. Ese mismo día, están también llamados a declarar como testigos el exdelegado provincial de Agricultura y Pesca, Juan Antonio Blanco; y tanto el director de Infraestructuras y Espacios Productivos de la agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), Antonio Sánchez, como al secretario general de IDEA, Francisco José Morillo.
Además, la juez citó como imputados a otras dos personas el 30 de enero, a partir de las 11,00 horas. Se trata del que fuera técnico de la Diputación de Cádiz y miembro de la comisión de evaluación de las ayudas, Teodoro Clavijo; y del exgerente del Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico (IEDT) de la Diputación de Cádiz, Teodoro Garrido.
Un total de 31 personas fueron detenidas en distinta fases de la investigación. Se trata de una supuesta trama en la que, según resumía la Policía al darla por desarticulada, medio centenar de empresas solicitaban ayudas, responsables y funcionarios de la Diputación gaditana y del Ministerio de Industria presuntamente facilitaban la concesión, y expertos desviaban los fondos a paraísos fiscales para defraudar a la Hacienda Pública.
Ansiosa por aclararlo
Angelines Ortiz mostró ayer su “total disposición a colaborar con la justicia en todo lo posible”, porque dice ser “la primera interesada” en “esclarecer si se ha hecho uso irregular con ayudas públicas”.
Ortiz recordó, también, que “que fue la Junta de Andalucía quien denunció estas presuntas irregularidades ante la justicia, gracias a sus propios controles sobre este tipo de ayudas. Por eso, los expedientes fueron cancelados sin llegar a abonarse un solo euro a las empresas investigadas”.
En esa misma línea, el delegado de la Junta en Cádiz, Fernando López Gil, aseguraba ayer que la delegada territorial “no pudo asistir por motivos personales” a la reunión de la comisión mixta en 2011.
López Gil señaló que Ortiz, en cambio, “sí podrá dar su testimonio de los expedientes que pasaban por sus manos y cómo los paralizó” al descubrir las irregularidades.
El delegado aclaró, también, que la delegada “acude como testigo porque era parte de una comisión, pero no asistió a la misma”.
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