El anuncio público realizado por el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, hace una semana, en el que hacía constar que seguía las recomendaciones del defensor del pueblo andaluz propiciando la creación de una ordenanza municipal que permitiese la grabación de las sesiones plenarias no ha librado al primer edil de enfrentarse a la denuncia presentada por el vecino al que expulsó del pleno del 27 de febrero.
Esta querella, presentada por la vía penal a mediados del pasado mes de mayo por parte del perjudicado, no ha sido retirada y por ahora espera la resolución del juez, que decidirá si el proceso sigue adelante o no, lo que podría dar lugar a la imputación del primer edil por no permitir al ciudadano ejercer su derecho constitucional.
Además, desde el entorno del denunciante recuerdan que ya en la sesión anterior, correspondiente al mes de enero, el ciudadano fue coaccionado para que dejase de grabar “y a pesar de explicarle al jefe policial de la ilegalidad de tal acción fue coaccionado y debió dejar de grabar”.
Estos hechos motivaron que el ciudadano en cuestión realizase un escrito con registro de entrada en el Ayuntamiento dirigido al alcalde informándole de la ilegalidad de su actuación e ilustrándole sobre jurisprudencia de Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo, Tribunales Superiores de Justicia y la directrices dadas por el Defensor del Pueblo Andaluz.
Por tanto, cuando Ruiz Boix echó a este vecino el 27 de febrero, ya contaba con toda esta información, recalcaron las fuentes.
Fue de este modo como el ciudadano decidió, no sólo interponer la citada denuncia, sino también contactar con una plataforma, Graba tu pleno, que cuenta con un blog a nivel nacional y del que se creó un anexo para San Roque con motivo de este caso.
Reprimenda
El propio defensor del pueblo, en su respuesta a las alegaciones del Ayuntamiento y en relación con la reclamación efectuada ante esa oficina por el ciudadano perjudicado, indica al primer edil que “se abstenga de impedir a D.M.A.V.R. en particular, y cualquier ciudadano en general, la grabación de los Plenos y la difusión de dicho material”.
Las fuentes se lamentan de que Ruiz Boix se haya querido “atribuir públicamente” el “gran logro” de que los vecinos puedan ejercer un derecho constitucional” cuando en realidad todo parte de “un toque de atención del propio Defensor del Pueblo Andaluz, que ha sabiendas de su ilegalidad ha privado de un derecho a un ciudadano por dos veces y que ha sido denunciado penalmente por estos hechos”.
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