La dirección provincial de Izquierda Unida ha lamentado el “desprecio” mostrado hoy por el Partido Popular en Cádiz respecto al Programa en Defensa de la Vivienda puesto en marcha por la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía como forma efectiva de lucha contra los desahucios.
La portavoz de IU en la Comisión de Fomento y Vivienda del Parlamento andaluz, Inmaculada Nieto, ha criticado que de los 20 consistorios que hoy han suscrito en Cádiz con la consejera, Elena Cortés, su adhesión a dicho programa, únicamente uno, el de Tarifa, sea gobernado por el Partido Popular, “esto demuestra que el Partido Popular antepone su política de eterna confrontación con la Junta de Andalucía a los intereses de los ciudadanos de los municipios en los que gobierna en la provincia de Cádiz”.
La parlamentaria de IU recuerda que la firma de este convenio entre ayuntamientos y Consejería, a la que se han adherido los ocho ayuntamientos gobernados por Izquierda Unida, le supone “0 euros a los ayuntamientos y en cambio proporciona muchos beneficios a personas con situaciones económicas en riesgo de exclusión, que se ven inmersos en un proceso injusto de desahucio”. En este sentido, considera que la “clamorosa ausencia del PP” no es justificable bajo ningún concepto, “salvo que exista un oscuro intento de que el programa no funcione”. Apunta además, que la argumentación ofrecida por el PP de que en el parque de viviendas de la Junta está habiendo desahucios “además de falsa, es muy corta y tiene muy poco recorrido, aunque es la única salida pública que encuentran”.
Nieto recuerda que el Programa en Defensa de la Vivienda puesto en marcha por la Consejería que gestiona Izquierda Unida es el responsable de la apertura de dos oficinas contra los desahucios en la provincia de Cádiz, que “en sólo tres meses y medios ha logrado frenar cerca de cien desahucios en toda la provincia”. La parlamentaria afirma que con estas oficinas, “pioneras en la lucha contra los desahucios, se ha logrado romper con la equidistancia que existía entre las administraciones y las entidades bancarias” y añade que ahora, “por fin la administración, se pone claramente del lado de los grandes perjudicados, que en este caso son las familias en riesgo de exclusión y al borde de desahucios”.
Señala finalmente la parlamentaria por Cádiz, que el único esfuerzo que tienen que hacer los ayuntamientos que se adhieren al convenio es poner al servicio de las oficinas de intermediación contra los desahucios datos sobre familias en riesgo de exclusión de los municipios, ofrecer asesoramiento a través de las oficinas de información al consumidor, así como asesoramiento mediante las delegaciones de servicios sociales municipales, entre otros aspectos; “en definitiva, se trata de usar recursos ya existentes y aunar esfuerzos en beneficio de la ciudadanía”.
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