La Comisión de Hacienda ha informado esta mañana de forma favorable la propuesta del alcalde, José Ignacio Landaluce, de iniciar un expediente de revisión de oficio para declarar la nulidad del acta de recepción provisional de la obra para la construcción de las pistas deportivas de La Yesera, de fecha 24 de junio de 2010, al entender que se trata de un acto contrario al ordenamiento jurídico. El proyecto fue ejecutado por la empresa Rodinsur y dirigido por técnicos externos al Ayutamiento.
La propuesta se sustenta en informes técnicos municipales, en los que se hace constar “el incumplimiento defectuoso de la prestación objeto del contrato”. Uno de los párrafos se refiere textualmente a que “existen discrepancias manifiestas y comprobables entre lo certificado y lo realmente construido”; y que lo ejectuado en determinados capítulos no se ajusta a lo previsto en el proyecto.
El Ayuntamiento tramitó un expediente de resolución de incidencias en el que ya se advertían de determinados incumplimientos, y al que la empresa presentó alegaciones que se resolvieron en tiempo y forma. A la vista de la documentación recabada, el Ayuntamiento ha resuelto dar un paso más encaminado a declarar la nulidad del acta de recepción provisional que se firmó en su momento.
El teniente de alcalde delegado de Hacienda, Luis Ángel Fernández, ha manifestado sobre este asunto que el Ayuntamiento va a actuar para exigir responsabilidades una vez que se determinen las posibles irregularidades en la tramitación. “Se trata de restablecer la legalidad, y que el Ayuntamiento se resarza de los perjuicios que se deriven por esta actuación”, ha indicado Fernández.
Otros asuntos que pasaron por la comisión de Hacienda fueron el dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía favorable a la propuesta del Ayuntamiento para regularizar la situación de los prejubilados, de la que dice que es conforme a la legalidad al aplicarse principios como que la concurrencia de pensiones no puede superar a la máxima contributiva.
Igualmente se informó sobre la propuesta de adhesión del Ayuntamiento a un convenio suscrito entre la FEMP y la Sociedad General de Autores (SGAE), que supondría una reducción de en torno a un 25 por ciento en las tarifas que se deben abonar por cualquier acto, lo que también afecta a la televisión municipal; así como que quedarían paralizadas algunas reclamaciones anteriores sin costas ni intereses.
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