El incremento de las detenciones en los puestos aduaneros de Algeciras y Tarifa en un 20% durante el pasado año justifica, entre otras razones, la creación de juzgados especializados en la lucha antidroga en la provincia de Cádiz.
Esta es una de las conclusiones a las que llegó la fiscal jefe de Cádiz, Ángeles Ayuso, durante la presentación de un resumen de la Memoria Anual de la Fiscalía Antidroga de la provincia, en la que se subraya que, a pesar del “alto nivel de eficacia” de las Fuerzas de Seguridad, la actividad no ha disminuido en un territorio que, a través del puerto de Algeciras, es también una zona de tránsito de grandes cantidades de cocaína.
El pasado año, se incautaron en toda la provincia 158 toneladas de hachís, el 45% del total nacional. Aunque la cantidad de droga incautada es 21 toneladas menor que en 2010, ha aumentado la criminalidad, a tenor del crecimiento de asuntos incoados en los juzgados gaditanos por narcotráfico, con 3.488, un 15% del nacional.
“Son cifras altísimas si se tiene en cuenta que la población de la demarcación no alcanza el tres por ciento de la española”, subrayó Ángeles Ayuso, a quien acompañó en su comparecencia el fiscal antidroga de la comarca, Emilio Miró.
El fiscal resaltó, acerca de las personas que se dedican al narcotráfico, que son “gente de pocos recursos y con necesidades que tratan de cobrar un dinero. Lo hacen por encargo de las redes y son la figura de más riesgo”.
La Fiscalía de Cádiz, que atiende también los asuntos de Ceuta, es la única española que cuenta con dos fiscales especiales antidroga, pero no parecen suficientes.
En su memoria reclama un tercer fiscal especial y la creación de juzgados especializados en la materia, una petición que, según Ángeles Ayuso, va a apoyar la Fiscalía Antidroga, para poder dar más agilidad a “un volumen de trabajo desgraciadamente inmenso”.
Para Ayuso, “si la lacra de la violencia de género justifica la existencia de órganos de instrucción especializados ... tanto o más se justifica en esta”.
La fiscal también criticó que se retrasa “enormemente” la destrucción de la droga incautada por las “muchas dificultades” burocráticas, y denuncian el estado de las barreras que se instalaron en los ríos Barbate y Guadacorte.
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