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Sábado 17/04/2021

Campo de Gibraltar

Imputadas 18 personas por presuntos delitos urbanísticos

Las investigaciones comenzaron tras la denuncia de un propietario particular

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  • Las parcelas y viviendas adquiridas no figuraban en el Registro de la Propiedad
La unidad de Policía Nacional adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía ha culminado en la localidad una operación contra el urbanismo ilegal, con un saldo de 18 personas imputadas como supuestos autores de delitos contra la ordenación del territorio, estafa y falsedad documental.
Las investigaciones comenzaron hace poco menos de un año en el pago Canteruelas Viejas por orden del Juzgado Mixto 2 de la localidad. El origen de la investigación policial fue una denuncia presentada por un propietario particular, quien alegó que la parcela y propiedad que acababa de comprar no figuraba en el Registro de la Propiedad del Ayuntamiento chiclanero ni en las escrituras notariales, por lo que realmente no estaba declarada.
Las primeras pesquisas determinan que la propiedad adquirida por esta persona se encuentra a más de 500 metros de la que figura en los documentos que avalan la operación de compra, por lo que realmente no sería el propietario de dicha parcela, así como de la vivienda. Al examinar las escrituras presentadas por este propietario, los expertos en el área de urbanismo de la Policía Autonómica ven que en ellas se reconoce una macroedificación de unos 700 metros cuadrados aproximadamente, dividida en siete partes indivisibles, incluida la del propio denunciante, que corresponderían a viviendas individuales, aunque en realidad no hay construida ninguna macroedificación ni ninguna casa individual en dichos terrenos. Para que esto sea posible debe existir un certificado hecho por un técnico (arquitecto o ingeniero) que acredite la antigüedad de la supuesta construcción, superior a cuatro años (cuando prescriben las infracciones urbanísticas en la Gerencia Municipal de Urbanismo) o a tres años (prescripción de los delitos urbanísticos). En este caso la Policía ha descubierto este certificado falso que dice que la construcción, que no existe, tiene una antigüedad de cinco años.

Un complejo montaje


En síntesis, el procedimiento es un montaje para “lavar” la prohibición de construir viviendas en los suelos rústicos y convertirlas en legales. Además de un exhaustivo examen de la documentación registral, notarial, urbanístico municipal y distintos expedientes, la Policía ha analizado fotos aéreas oficiales que muestran la evolución de esta parcela año tras año. En la actualidad, en el lugar hay construidas tres viviendas y otras tres parcelas vacías (la séptima división corresponde al denunciante). Estas viviendas fueron vendidas cuando aún no estaban construidas.

18 imputados en dos fases

En una primera fase fueron imputados siete propietarios identificados como E.M.G., I.M.M.M., M.M.M., M.G.G., D.R.H., G.R.C y A.L.A. como presuntos autores de los delitos de falsedad documental y estafa. Sin embargo, las investigaciones no finalizaron ahí, puesto que en la segunda fase de la operación de la Policía Autonómica han sido imputados los promotores e intermediarios, que han sido identificados como J.A.P., A.P.M., J.A.A.R., M.J.M.G. e I.R.G. por presunta estafa. Además, también han sido imputados los peritos tasadores J.A.G.E., J.G.G., M.A.P.A., J.M.M.A. y A.O.A. por falsedad documental y estafa, así como el arquitecto J.P.S. por falsedad documental. Es significativo que este último hubiera sido imputado en anteriores ocasiones por hechos de similares características.

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