El edil deberá declarar como imputado el próximo día 26 de enero
El Juzgado de Instrucción número 3 de Chiclana ha admitido a trámite la querella presentada el pasado mes de noviembre por el Ayuntamiento (cuando éste aún era gobernado por el tripartito conformado por PP, PA y los ediles José Pedro Butrón y José Antonio Blanco), contra el concejal socialista Joaquín Muriano por un presunto delito de prevaricación al conceder en mayo de 2007 la licencia de primera ocupación al Hotel Barceló de la Loma de Sancti Petri.
El que fuera responsable municipal de Urbanismo entre 2003 y 2007 y actual delegado de Educación y Juventud deberá declarar como imputado el próximo 26 de enero, mientras que el alcalde, José María Román, y el ex gerente de Urbanismo, Alfonso López Almagro, harán lo propio el día 19 de febrero, aunque en calidad de testigos.
Segunda imputación
Esta es la segunda imputación que se produce contra Muriano, después de que el Juzgado número 2 admitiese también a trámite la otra querella presentada por el anterior equipo de Gobierno también pocos días antes de la moción de censura. En aquel caso, la denuncia se interpuso por la concesión de una licencia de obras al supermercado ubicado en el centro comercial Tartessus Center.
Muriano deberá declarar ante el juez por ese otro asunto el próximo 5 de febrero, apenas diez días después de hacerlo por el caso Barceló.
En ambos casos, se da la circunstancia de que será el propio Ayuntamiento, ahora gobernado por PSOE, PSA e IU, el que tenga que defender las querellas, curiosamente, contra uno de los miembros de su equipo de Gobierno.
Muriano ha defendido siempre su inocencia tanto en uno como en otro asunto, asegurando que lo único que se hizo en ambos casos fue una venta de aprovechamiento urbanístico bajo rasante al detectarse que efectivamente había habido un exceso, una práctica administrativa “perfectamente válida”. En su día explicó que cuando se detecta un exceso de aprovechamiento bajo rasante, Urbanismo realiza una valoración técnica y da la posibilidad a la empresa de que adquiera ese aprovechamiento a un determinado precio. Ese dinero se destina a inversión pública.
En su última comparecencia ante los medios tras conocerse su imputación por el caso Tartessus, el edil aseguró tener la conciencia muy tranquila y papeles que demuestran que no hubo delito alguno en ninguna de las actuaciones.
