La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Cádiz, con sede en Algeciras, acoge desde este lunes un juicio contra el narcotráfico en el que se juzga a más de una veintena de personas supuestamente relacionadas con el conocido como el clan del Messi del hachís, que no está presente al encontrarse en situación de rebeldía desde abril de 2019.
En el juicio se encuentran presente 22 acusados, la mayoría de ellos en libertad, para los que la Fiscalía pide penas de hasta 30 años de prisión para algunos de ellos, según el grado de responsabilidad de cada miembro de la organización, y una multa de 40 millones de euros para cada uno de los acusados.
Según el escrito de calificación fiscal, recogido por Europa Press, a los miembros del clan se les imputan diferentes delitos, que van desde delitos contra la salud pública a un delito de depósito de armas de guerra, delito de receptación, de atentado contra agente de la autoridad o delito de lesiones.
Por su parte, el conocido como Messi del hachís, en rebeldía y huido, no está presente en el juicio a pesar de que el escrito de la Fiscalía recoge que es el "jefe de toda la logística, que ejercía el mando principal dentro de la organización" y que "entre las funciones como líder se encargó de negociar con los proveedores, con las personas que transportan la sustancia, de buscar los lugares que se usaron como almacén o guardería, así como pagar a los miembros de la organización por las actuaciones que van desarrollando".
Uno de los abogados de la defensa ha afirmado que se trata de "una causa muy compleja donde hay muchos acusados, muy difícil de investigar y que empezó hace bastantes años". "En este tipo de procedimientos cuando la policía detiene muchas veces lo hace de forma indiscriminada" y ya son los abogados los que defienden ahora si sus clientes han tenido algún tipo de participación o "estaban en el sitio inadecuado en el momento inadecuado sin tener nada que ver en el asunto", ha defendido.
El juicio, con más de una veintena de personas sentadas en el banquillo, tiene prevista la última sesión para el próximo 4 de octubre tras las conclusiones finales de la Fiscalía Antidroga del Campo de Gibraltar y las diferentes defensas de los acusados, quedando entonces a la espera de sentencia por parte de la Audiencia Provincial.
Investigación
Las investigaciones sobre esta red se iniciaron en enero de 2016 dentro de unas pesquisas del juzgado de instrucción número 4 de Pamplona en las que se tuvo conocimiento de una organización afincada en Algeciras que traficaba con hachís, por lo que el juez abrió una pieza separada y autorizó varias intervenciones telefónicas.
Los seguimientos a esta red dieron lugar a que las fuerzas de seguridad interceptaran entre 2016 y 2017 nueve desembarcos de hachís en las costas de Cádiz, en los que se interceptaron en total 12.619 kilos de la droga.
Una de las operaciones más destacadas tuvo lugar entre 15 y el 16 de octubre de 2016, cuando los agentes registraron un inmueble que habían alquilado para guardar la droga.
En ella los agentes se incautaron de 7.079 kilos de hachís, valorado en 11 millones de euros, además de varios vehículos robados, cuatro fusiles con cargadores y munición y tres pistolas semiautomáticas con cargadores y munición. En este operativo fueron detenidos cinco de los acusados y otros tres lograron huir.
En otra ocasión, la noche del 28 al 29 de marzo de 2017, en su intento de huida embistieron al coche policial que les perseguía y causaron heridas a varios agentes. En su coche se hallaron 1.090 kilos de hachís. Aquel día fueron detenidos otros seis miembros de la red.
Piden nulidad de escuchas
En este juicio, la fiscal les acusa de delitos contra la Salud Pública, depósito de armas, receptación de vehículos robados, atentado contra agentes de la autoridad, y lesiones.
En la primera sesión del macrojuicio, las defensas de los acusados han planteado la posible nulidad de las escuchas telefónicas que se hicieron durante la investigación o la supuesta vulneración de otros de sus derechos, para tratar de invalidar las acusaciones que pesan contra ellos, y la Fiscalía no ha ofrecido pactos de conformidad con los acusados.
El tribunal ha acordado dedicar la jornada de mañana a estudiar y deliberar sobre las cuestiones previas planteadas y reanudar el juicio el próximo miércoles.
Por los delitos contra la salud pública (tráfico de drogas), la Fiscalía pide para los cinco principales acusados 15 años de prisión, mientras que para otros cuatro la pena solicitada es de diez años de prisión y para los restantes de cinco años de encarcelamiento. A todos ellos les pide una multa de 40 millones de euros.
Por depósito de armas pide diez años de prisión para cinco principales acusados.
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